El Relleno Sanitario Intermunicipal presenta un grave problema en el confinamiento de la basura, lo que complica a los cinco municipios que lo utilizan para verter sus desechos. La propietaria del predio donde se asienta el relleno sanitario interpuso algunas demandas contra ellos, mismas que todavía no se han resuelto.
Ante esto, existe una real amenaza de un inminente cierre de la instalación, derivado de un ordenamiento judicial, luego de que los ejidatarios de Tula interpusieran un amparo buscando que los municipios en conjunto les paguen 14 millones de pesos por daños ambientales.
Los ejidatarios bloquearon, hace unos días, los caminos ejidales para no permitir el acceso al Relleno Sanitario Intermunicipal de los camiones contenedores de basura de los municipios de Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula y Tula de Allende.
La consigna era que se cumpliera una orden del juez cuarto de Distrito, quien al dar entrada a su queja interpuesta a través de un amparo, ordenó que no se tire basura en algunas parcelas pertenecientes al ejido que conforma el polígono donde se asienta el relleno sanitario, mientras se resuelve la queja. Los ejidatarios señalan que no se les solicitó y ese núcleo agrario no aprobó utilizar las parcelas antes mencionadas en la operación de un relleno sanitario.
Los representantes de los municipios instalaron una mesa de trabajo para tratar de encontrar soluciones. La contraparte argumentó que el constante paso de vehículos pesados ha ocasionado daños a los caminos parcelarios y que el depósito de la basura a cielo abierto ha contaminado la zona, por ello reclaman su indemnización.
Con la intención de terminar con el conflicto legal, los ejidatarios les presentaron la propuesta de que cada municipio les pague 400 mil pesos por cada año que ha operado la instalación, así que cada uno deberá pagarles dos millones 800 mil pesos y en conjunto, los cinco municipios, un total de 14 millones, el arreglo de sus caminos y el saneamiento del lugar.
HOY NOVEDADES/HIDALGO
