La directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Ileana Galilea Cariño, advirtió que el nuevo sistema de justicia penal podría evitar la criminalización de la pobreza en los indígenas, es decir, que estén recluidos en prisión como consecuencia de la falta de recursos económicos para defenderse por la vía legal.
La académica consideró que el nuevo esquema de Procuración de Justicia que privilegia la reparación del daño, la celeridad de los procedimientos y los juicios orales, pueden beneficiar sensiblemente a este grupo, pues la mayoría de las personas indígenas que se encuentran en prisión son casos de “criminalización de la pobreza”. Una de las razones es la falta de traductores e intérpretes de lenguas originarias para enfrentar algún proceso legal.
Por último, advirtió que este concepto aplica a los casos en que los presuntos responsables cometieron algún delito menor, del fuero común; ante esto se podría alcanzar libertad bajo fianza o gozar de una mejor defensa para enfrentar su proceso, pero carecen de recursos económicos.
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