El caso Atenco representa el uso indebido de la fuerza, la tortura y la impunidad.
«El Estado mexicano reconoce frecuentemente violaciones a los derechos humanos en sedes internacionales, pero ante el país muestra otra cara al minimizarlas», afirma Aracely Olivos.
El gobierno mexicano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) los casos de abusos y agresiones sufridas por las 11 mujeres del municipio de Atenco en mayo de 2006, esto durante la segunda audiencia del caso Atenco, sin embargo, negó que los abusos hayan sido parte de torturas generalizadas.
Parte de las exigencias y acusaciones que hicieron los representantes de las 11 víctimas, se encaminaron a la exigencia de investigar a los mandos del operativo que tuvo lugar en el municipio de Atenco, Estado de México. Además, recordaron que el caso Atenco representa el abuso de autoridad, el uso indebido de la fuerza, la tortura, la discriminación de género y la impunidad presente en el Estado mexicano.
Mientras en el primer día de la audiencia, el embajador Miguel Ruíz Cabañas, aseguró que el Estado tiene la determinación de reparar de forma integral los daños ocasionados a las víctimas y enfatizó en el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos: “… estás ya fueron reconocidas”, señalo. Sin embargo, al término del segundo día, Aracely Olivos, abogada del centro de Derechos Humanos Agustín Pro, afirmó que el gobierno ha rechazado las demandas de las sobrevivientes de tortura para tomar las medidas de reparación de daños, verdad, justicia y no repetición de los hechos. Como respuesta, los representantes del Estado mexicano pidieron a la corte no ordenar nuevas repeticiones, pues, aseguraron, ya se realizaron medidas al respecto. “…el Estado mexicano reconoce frecuentemente violaciones a los derechos humanos en sedes internacionales, pero ante el país muestra otra cara al minimizarlas”, expuso Aracely Olivos.
Los representantes del Estado acusaron de falsas las declaraciones de las víctimas, afirmaron que si se han ofrecido medidas de reparación basadas en recomendaciones internacionales, sin embargo, señalaron, no han sido aceptadas. Al mismo tiempo rechazaron la existencia de pruebas referentes a un operativo con uso excesivo de la fuerza dirigido a violentar los derechos humanos.
Para el juez de la corte, Humberto Antonio Sierra Porto, la falta de condenas para los 52 funcionarios públicos imputados por el caso, es demasiado grave. Ante ello, los representantes del Estado mexicano en la corte, reconocieron la ineficiencia de sus autoridades en el inicio de las investigaciones. Al final de la audiencia la CoIDH, pidió imitación adicional al gobierno mexicano para poder emitir una sentencia.
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