El derecho humano no tiene fecha de caducidad ni mucho menos pasa de moda, por ello, once años después víctimas de San Salvador Atenco continúan exponiendo sus testimonios ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues exigen que los responsables del suceso de aquel 4 de mayo paguen por los hechos.
Pero ¿Qué pasó el 4 de mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco?
Elementos de la policía desalojaron a comerciantes de flores en el mercado Texcoco, por lo que pobladores y afectados, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), decidieron bloquear la carretera Texcoco- Lechería. Los pobladores utilizaron machetes para oponerse a la policía, posteriormente tomaron como rehenes a 5 policías estatales, cinco municipales y dos minístrales.
Lo anterior no le pareció al copetudo de Peña Nieto, gobernador del Estado de México en aquel entonces, por lo que mandó a más de 1000 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal para llevar a cabo un fuerte operativo contra los integrantes del FPDT. Alrededor de 200 personas fueron detenidas, entre ellos 10 menores de edad y más de 20 mujeres, quienes once de ellas han asegurado que fueron abusadas sexualmente mientras las trasladaban al penal de Almoloya de Juárez.
Sin duda alguna dichos actos demuestran el uso indebido de la fuerza, la tortura y la impunidad que lamentablemente siempre ha caracterizado al gobierno de nuestro país.
¿Cuáles son los antecedentes de este hecho?
Fácil, todo proviene del sexenio de Vicente Fox Quesada, pues puso en puerta un proyecto para un nuevo aeropuerto en la zona de San Salvador Atenco, por lo cual, el gobierno mexicano mandó a desalojar a comerciantes de flores en el mercado de Texcoco, lo demás ya se lo saben…
Por ello, este viernes se llevó a cabo la segunda audiencia de dicho caso, en donde el gobierno mexicano reconoció los casos de abusos y agresiones que presentaron 11 mujeres ante la CIDH, no obstante, negó, como siempre, que los abusos hayan sido parte de torturas generalizadas.
Lamentablemente estos 11 casos nos siguen demostrando que en México la violación sexual ha llegado a ser una práctica común de las fuerzas de seguridad, pues como los datos de la Amnistía Internacional mencionan, en 2016, sobre 100 mujeres detenidas en nuestro país, éstas sufren abusos sexual o psicológico durante su arresto o interrogatorio.
¿Cuántas pruebas necesita el gobierno para darse cuenta que realmente sus fuerzas de seguridad no ejercen el poder cómo deben? ¿Hasta qué momento el gobierno se «fajará» los pantalones y asumirá su responsabilidad? Tal vez las respuestas a estas preguntas son utópicas, pero no por ello las personas dejaran de exigir sus propios derechos como ciudadanos y como mujeres.
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