Hoy Enrique Peña Nieto le puso su rúbrica al documento que promulga la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la «Ley Chayote». El propósito de esta legislación es fijar las normativas a las que deben someterse los entes públicos para garantizar que su gasto en Comunicación Social se apegue a los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, economía y honradez; así como hacer respetar los presupuestos de egresos.
Peña Nieto firmó el decreto: habemus Ley Chayote - FOTO: REFORMA

Diversas organizaciones civiles se pronunciaron en contra de esta ley.

La «Ley Chayote» no toma en cuenta estándares internacionales de derechos humanos, externó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en nuestro país.

Hoy Enrique Peña Nieto le puso su rúbrica al documento que promulga la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la «Ley Chayote». El propósito de esta legislación es fijar las normativas a las que deben someterse los entes públicos para garantizar que su gasto en Comunicación Social se apegue a los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, economía y honradez; así como hacer respetar los presupuestos de egresos.

Al respecto Medios Libres (colectivo que integra alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil) exhortó al presidente del país a realizar las observaciones pertinentes a la «Ley Chayote», con el objetivo de respetar los estándares a nivel internacional en la materia.

Fueron cinco meses los que pasaron desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó la sentencia sobre esta «Ley Chayote», tiempo durante el cual varios especialistas realizaron múltiples recomendaciones con la intención de adecuar el contenido de la legislación.

Fue por esto que Medios Libres le envió una carta a Peña Nieto, en la cual se puede leer lo siguiente: «Le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil».

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México aseveró que con esta ley se perdió la posibilidad de eliminar las malas prácticas que rigen la asignación de la publicidad oficial en nuestro país.

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