El documento de investigación sobre estos delitos está conformado por 400 páginas.
Las autoridades de Venezuela aseguran que este reporte «carece de valor jurídico» y que solo se trata de «una farsa mediática».
La situación en Venezuela ha propiciado la condena de muchos países, quienes critican fuertemente al gobierno de Nicolás Maduro por la crisis que se vive desde hace algunos años. Ahora Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha señalado que hay «fundamento suficiente» para afirmar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en este país sudamericano.
A raíz de esto, Almagro exhortó a llevar las evidencias ante la Corte Penal Internacional (CPI) pues, aseguró, desde el 2014 se han cometido este tipo de delitos en Venezuela. Este pronunciamiento del representante de la OEA tiene fundamento en la investigación sobre derechos humanos, la cual corrió a cargo de los juristas Santiago Cantón, de Argentina; Manuel Ventura Robles, de Costa Rica; e Irwin Cotler, de Canadá.
En su investigación los expertos documentaron 131 asesinatos en Venezuela, los cuales son atribuidos a fuerzas de seguridad o grupos civiles armados (conocidos como colectivos) a favor del gobierno de Maduro. La mayoría de estos asesinatos ocurrieron durante las marchas de protestas ocurridos en 2014 y 2017; en el informe se detalla que también hubo 8 292 ejecuciones y más de 12 mil detenciones arbitrarias, entre las cuales hay alrededor de 1 300 presos políticos.
El secretario general de la OEA refirió que el grupo de juristas llevaron a cabo cinco audiencias el año pasado, mismas que se realizaron en la sede de la OEA y a las que acudieron 26 testigos; también recabaron documentos de víctimas y de más de 40 ONG’s.
Los especialistas concluyeron que la CPI debe investigar a 11 miembros del gobierno de Venezuela para establecer si tienen responsabilidad en los asesinatos documentados. «Son los responsables de todos los actos sistemáticos generalizados de represión y persecución, como las detenciones masivas, las desapariciones masivas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y otros actos de violencia sexual, y la persecución, cometidos por sus subalternos a través de toda la cadena de mando civil y militar», acota la investigación.
Por otro lado la misión permanente de Venezuela ante la OEA externó lo siguiente: «El documento carece de valor jurídico, pues emana de una autoridad usurpada. El secretario general se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene, como es la de ser una instancia judicial. No es más que una grotesca farsa mediática».
HOY NOVEDADES/MI MUNDO
