Las recomendaciones abarcan a funcionarios como Enrique Peña Nieto y Tomás Zerón.
La investigación de la CNDH señaló que al menos 19 restos pétreos fueron identificados en Cocula; falta estudio para determinar si son de normalistas.
El titular de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, Raúl González presentó un informe en el cual el organismo documentó inconsistencias de elementos federales durante las indagatorias correspondientes al Caso Ayotzinapa. En él, se establece que hubo «indebidas» diligencias en las indagatorias y que se hizo uso de métodos de tortura contra imputados.
«En el desarrollo de investigaciones, diversas autoridades violentaron el derecho de las víctimas al declarar posturas sesgadas, que causó incertidumbre en sociedad, ocasionando que las víctimas fueran revictimizadas».
Por ello, el organismo emitió la Recomendación 15 VG/2018, en la cual da fe de que los tres niveles de gobierno están involucrados en estas violaciones a las garantías fundamentales en las investigaciones derivadas de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Con 32 capítulos y más de 2 mil hojas, el documento, según refiere el titular de este organismo, constata que hubo más de 70 casos de tortura contra presuntos implicados. Además, dijo, las autoridades competentes no cooperaron con la investigación, puesto que negaron el acceso a información y, en caso de permitirlo, fue entregada parcialmente e incompleta.
Algunas solicitudes, según detalló González Pérez, fueron pasadas por alto por las autoridades. «Las omisiones y la actuación indolente de varias instancias de procuración de justicia, ocasionó la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas, el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación y el que consignaciones de presuntos responsables hayan sido indebidamente formuladas, lo cual ha ocasionado que varios de ellos puedan ser juzgados y subsista la impunidad».
La relación entre autoridades y organizaciones del crimen organizado, ocasionaron la muerte de seis personas, lesiones a 41 y la desaparición de los 43 estuantes. Por ello, detalla el informe, la CNDH ha señalado al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adjunta a la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón como uno de los responsables del mal proceder de esta dependencia.
Junto a Zerón, 16 funcionarios, incluído Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la defensa Nacional (Sedena), de la Función Pública (SFP), el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el subprocurador jurídico de la PGR, el comisionado Nacional de Seguridad, de atención a víctimas y los gobernadores del Estado de México y Guerrero, son mencionados en la recomendación emitida por el organismo.
Y es que, según dijo el funcionario, «las autoridades sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas pero nadie hizo nada; con eso hubieran evitado un desenlace como se presentó». Además, abundó, las autoridades dieron por sentado que los normalistas fueron desaparecidos y asesinados en el basurero de Cocula, aún y cuando la investigación fue realizada al margen de la ley.
No obstante, González Pérez añadió que la instancia que dirige pudo constatar la existencia de porciones petrosas de huesos en este lugar, hecho que debe ser investigado para determinar si los restos de las 19 personas incineradas en el lugar, son de los normalistas.
Estos restos representan «un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. El análisis genético de dichos fragmentos óseos resulta indispensable» Sin embargo, «el desaseo y poco profesionalismo con el que se han llevado a cabo las investigaciones han provocado que se subestimen 38 porciones petrosas de huesos y se ignore el material contenido en la bolsa recuperada del río San Juan».
Además, el titular de la CNDH destacó que a pesar de que la noche del 26 de septiembre se sabía que algo grave sucedía gracias a la información recabada por el C4, no se dio parte al Ministerio Público y las autoridades fueron omisas.
Cabe recordar que el pasado mes de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó una investigación en la que detallaban que de acuerdo con sus propias investigaciones, al menos 34 personas detenidas por este caso fueron torturadas. En dicho informe, se da fe de evidencias que permitían vislumbrar que los detenidos fueron «detenidas arbitrariamente y torturadas», sin embargo el documento concluye que estas investigaciones «no fueron investigadas adecuadamente e incluso fueron encubiertas».
Por ello, el ombudsman dijo convencido que «Éste caso es el más ominoso y complejo. Social y políticamente marcó un antes y un después. México es un país adolorido, donde la justicia más que un derecho, es una cuestión a la que difícilmente se puede acceder».
Igualmente, destacó que «un crimen de las dimensiones del de Iguala solo puede ocurrir por la penetración del crimen en las estructuras de Gobierno. Debemos de buscar que esto nunca vuelva ocurrir», hecho que subrayó, es menester del futuro Gobierno.
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