El catedrático Alberto Jiménez Bandala sugirió que el SAT debe investigar a Pemex y a sus franquiciatarios
En entrevista con Hoy Novedades, el catedrático de la UAM responsabilizó a la dirigencia sindical del STPRM por no advertir la fuga de combustible durante años.
Ante las medidas para combatir el robo de combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya disminuyeron 610 pipas al día, con un total de ocho mil 540 pipas desde que inició su administración.
Por lo que se han puesto en operación pipas por parte de la Empresa Productiva del Estado, las cuales, de acuerdo con especialistas, podrían generar especulaciones en los costos del energético, así como de las actividades terciarias.
Sobre este tema, el investigador y doctor en Estudios Organizacionales del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Carlos Alberto Jiménez Bandala aseguró que no hay razón para que el desabasto repercuta en la inflación:
«Es un tema que no tiene nada que ver con la inflación. En dado caso, tendría que ver con especulación, algunos comercios que quieran aumentar los precios ante la caída de los inventarios, pero como esto no está permitido, pues no tendría por qué repercutir la situación de Pemex con la inflación».
Sobre la situación que ahora aqueja a Petróleos Mexicanos, aseveró que el problema no solo es la fuga de combustible, sino la incapacidad de producir gasolina en las refinerías, ya que, tan solo en 2004, se producían y refinaban 3 mil 400 millones de barriles y 5 mil millones de litros al año, respectivamente; mientras que, en noviembre de 2018, fueron 1 800 millones de barriles y 40 mil litros de combustible.
«Nosotros hemos monitoreado de manera continua y lo que vemos es que pareciera ser que hubiera un acto intencionado por parte de los gobiernos anteriores, de disminuir la producción de manera sistemática: abandonaron las refinerías de manera arbitraria y han provocado que importemos de 40 por ciento, al 80 por ciento de lo que consumimos ahora de gasolinas».
Detalló que, para las administraciones anteriores, era más beneficioso importar, que producir gasolina: «hay otro interés muy claro, hay que recordar que, con el liberalismo, México debe de estar “especializándose” en ciertos productos, entonces, la especialización que le tocó a México es exportar petróleo crudo e importar gasolinas, por lo que Estados Unidos, le iba a comprar petróleo a México, y, a cambio, México le tenía que comprar a EUA las gasolinas», afirmó.
Recordó el caso de la refinería de Tula, en la cual solo fue construida una barda perimetral: «Todas las políticas públicas de las administraciones neoliberales no se dedicaron a la refinación de gasolinas, incluso no construyeron refinerías, contrario al caso de Brasil que, en el mismo periodo, creó 12 refinerías».
Sobre el huachicoleo, detalló que fueron los casos de corrupción que se reprodujeron en todo el país, lo que provocó el aumento del número de tomas clandestinas que, a la postre, vendían el combustible de manera ilegal en un mercado negro, pero todo propiciado indirectamente por la política neoliberal.
«Empieza un saqueo sistemático no de las personas, de los campesinos que debajo de sus tierras abren los ductos y empiezan a extraer, estamos hablando de toda una industria paralela».
Sobre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, detalló que es un tema ambiguo, ya que hablar de él implica a los trabajadores, sin embargo, la dirigencia sindical es la responsable directa de detectar anomalías, pues son los primeros en observar irregularidades en los procesos internos de distribución del combustible.
«Ellos (el STPRM) deberían haber estado sumamente informados de todo lo que estaba pasando en conjunción con la directiva y no solo eso, Pemex, al ser una Empresa Productiva del Estado, le rinde cuentas a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Energía… ¿por qué no se investigó durante todos estos años la disminución de venta de combustible?», aseveró Jiménez Bandala.
Ante el reporte del Gobierno de México que indica que al día se robaban 6 mil millones de litros que eran repartidos en pipas tanto a huachicoleros como a franquiciatarios de gasolineras, quienes eran «obligados» a comprar el combustible a menor costo, el profesor-investigador de la Universidad La Salle y de la UAM aclaró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe investigar con un fin comparativo: los ingresos que ha percibido la gasolinera con las facturaciones que la franquicia le entregaba a Pemex.
Asimismo, recomendó al SAT que se estudien nexos con cuentas paralelas, ya que también recordó casos en los que franquiciatarios abren cuentas mediante terceros y en ellas depositan las cuentas que no estaban facturadas para Pemex y ese dinero les servía para comprarle al huachicol más combustible, sin embargo, detalló que será un proceso tardado, pues «estamos hablando de una gran cantidad de gasolineras en todo el país».
Por Christian Arrieta
HOY NOVEDADES / MI MÉXICO
