Con la Ley de Austeridad se busca poner límites en ciertos gastos
La ley se regresará a la Cámara de diputados para examinar las nuevas modificaciones que se propusieron.
El Senado de la República avaló en lo general y particular la Ley de Austeridad Republicana con 74 votos a favor, cero en contra y 29 abstenciones. La minuta está diseñada para establecer límites al gasto público y que esos ahorros sean destinados «a proyectos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto el presidente determine».
«Se incorpora la austeridad como eje conductor de la administración y eje estratégico del gasto público a fin de que esta sea de observancia y aplicada de manera transversal en todas las dependencias, entidades y órganos de los poderes de la unión y demás entes públicos federales», informó el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta de Morena, al presentar el dictamen.
Asimismo, los límites a los que se refiere prohíben que los funcionarios públicos tengan seguros de gastos médicos y de vida, además de percepciones extraordinarias, al igual que elimina las pensiones a los expresidentes, salvo las del ISSSTE. Impide también el nepotismo hasta el cuarto grado de parentesco, restringe el uso de escoltas para funcionarios públicos, limita el uso de bienes inmuebles propiedad del Estado y prohíbe las delegaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional.
Por supuesto hubo senadores de oposición que opinaron que esta nueva ley regresa a México a la era de «la partida secreta».
«Aprobando este Artículo 61 es autorizar la partida secreta para la Presidencia de la República en este país, algo que precisamente hace varias legislaturas a nivel federal se cuestionó y se eliminó y hoy la traemos de nuevo, la actualizamos y se la damos al presidente para que haga con esos recursos lo que le plazca a través de un decreto, y luego, si bien nos va, nos daría cuentas», señaló Julen Rementería, senador del PAN.
El dictamen regresará a la Cámara de diputados luego de que el Senado aprobó algunas modificaciones más, como la que presentó el senador de Morena, Félix Salgado, para aumentar de cinco a 10 años el periodo que debe transcurrir para que los servidores públicos puedan ocupar puestos en empresas relacionadas con su cargo. Así, el Artículo 24 establece que:
«Los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años».
HOY NOVEDADES/MI MÉXICO
