En 2011 integrantes de los Zetas arremetieron contra la comunidad de Allende, Coahuila, dejando un saldo estimado de 300 víctimas
Además de agredir a familias en Allende, el crimen organizado e integrantes de la narcopolítica cometieron actos ilícitos en Piedras Negras y la región norte de Coahuila.
A poco más de ocho años de que integrantes de los Zetas agredieran a la comunidad de Allende, Piedras Negra y la región norte de Coahuila, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública.
Esta estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación: Olga Sánchez Cordero, por el gobernador de Coahuila: Miguel Riquelme y por el alcalde Antero Alvarado.
No obstante, familiares de las víctimas aseguraron que el perdón no será otorgado al Estado mexicano hasta que obtengan la reparación del daño, el acceso a la justicia, el castigo a los culpables y que el Estado garantice que no volverá a ocurrir una masacre como la de Coahuila.
Ente el 18 y el 20 de marzo de 2011, durante la administración del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, un grupo armado de los Zetas, acompañados por agentes del estado, secuestraron, asesinaron e hirieron a habitantes de Allende, Piedras Negras y la región norte de Coahuila.
Una de las versiones indica que este ataque se perpetuó debido a una supuesta venganza porque un trasiego de drogas a Estados Unidos, en el que estaban involucrados habitantes de las localidades, salió mal.
El saldo del ataque fue de 48 viviendas destruidas, 27 víctimas registradas ante la Fiscalía de Desaparecidos y 300 víctimas estimadas, según la cifra no oficial.
Hasta el momento, por esta masacre ocurrida en Coahuila se han girado 26 órdenes de aprehensión, 21 órdenes se han ejecutado y se han dictado 5 sentencias de 75 a 80 años de prisión.
Esta disculpa pública se ofreció después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera la recomendación 10VG/2018, por el desplazamiento de más de 300 personas y los asesinatos cometidos en las localidades en 2011.
Olga Sánchez Cordero afirmó que la responsabilidad de los actos cometidos contra las comunidades no es solo del crimen organizado, pues las autoridades de procuración de justicia estuvieron implicadas en los hechos, prueba de ello es que no fueron atendidas las llamadas de auxilio de los y las habitantes:
«Algunas fuentes señalan que el número podría ascender hasta las 300 personas. Los Zetas, en conjunto con autoridades municipales, y bajo el soslayo de los funcionarios de otros órdenes de Gobierno, desequilibraron la vida de la sociedad en uno de los hechos más violentos de nuestra historia reciente».
