El Gobierno de México descalifica el reporte de la ONU sobre desaparición forzada calificándolo de “sesgado”; comités de víctimas exigen a la organización que estos delitos sean reconocidos como crímenes contra la humanidad.
La postura de México frente a los organismos internacionales de derechos humanos atraviesa un momento de fricción. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su rechazo total al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desaparición forzada en territorio nacional, tildando el documento de ser “tendencioso y sesgado”.
De acuerdo con la postura oficial, el Estado mexicano cuestiona la objetividad del reporte, argumentando que la visión presentada por el organismo no refleja fielmente la situación del país.
Vía: Aristegui Noticias
Exigencia de justicia internacional
Mientras el gobierno desestima las conclusiones de la ONU, la presión de la sociedad civil se intensifica. Un comité especializado ha alzado la voz para exigir que Naciones Unidas no solo mantenga el dedo en el renglón, sino que eleve la categoría de estos delitos.
Piden que las desapariciones en México sean consideradas crímenes contra la humanidad. Según los integrantes de este comité, esta clasificación es necesaria para abordar la magnitud de la crisis y garantizar que las investigaciones tengan un alcance acorde a la gravedad de los hechos.
Vía: El Financiero
Posturas encontradas
El escenario actual deja ver una brecha profunda entre la narrativa oficial y la de los colectivos:
- El Gobierno: Sostiene que el informe internacional carece de neutralidad.
- Los Comités: Buscan que la ONU endurezca su posición y reconozca la sistematicidad de las desapariciones.
Esta controversia pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la transparencia y la intervención de observadores extranjeros en la crisis de seguridad que vive el país.
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