La consejera jurídica de la Presidencia explica que EE. UU. envió una solicitud de “detención provisional” y no una extradición formal; la FGR determina que no hay elementos para capturar al gobernador.
Vía NotiPress: El proceso legal contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, se encuentra en una fase de espera técnica. Este lunes 4 de mayo de 2026, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, precisó que el Gobierno de México no ha recibido una solicitud formal de extradición, sino una petición de detención provisional con fines de extradición, la cual carece de los sustentos necesarios para ejecutarse de inmediato.
Vía: YT @ Gobierno de México
Desde la conferencia matutina, Alcalde subrayó que, bajo el Tratado de Extradición bilateral, la figura de detención provisional (Artículo 11) exige que el país solicitante acredite una urgencia procesal, algo que hasta el momento no ha ocurrido.
La distinción técnica
Alcalde fue enfática en separar los dos caminos que marca el tratado:
- Solicitud Formal (Art. 10): Requiere un expediente robusto con datos de prueba, órdenes de aprehensión, textos legales y traducción oficial.
- Detención Provisional (Art. 11): Se usa en casos de “urgencia” por riesgo de fuga. “Aquí lo importante es que debe contener elementos probatorios, precisamente para probar que es urgente esta solicitud”, aclaró la funcionaria.
La postura de la FGR y Cancillería
Tras analizar la petición enviada por la Fiscalía de Nueva York —que acusa a los sinaloenses de colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo y cocaína—, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una opinión técnica a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“La Fiscalía determina que no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia”, señaló Alcalde.
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Bajo este escenario, la pelota regresa a la cancha de Estados Unidos. La SRE deberá solicitar información adicional para que Washington intente probar por qué la detención es impostergable. Si no lo logran, el proceso no llegará ante un juez de control mexicano.
Tiempos y confidencialidad
La consejera jurídica explicó que, de acreditarse la urgencia y proceder la detención, Estados Unidos tendría un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición. Asimismo, hizo un llamado a respetar la confidencialidad del proceso para preservar la presunción de inocencia y el debido proceso de los implicados.
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