La mandataria federal asegura que no habrá detención del gobernador de Sinaloa sin evidencias contundentes; invoca el principio de reciprocidad y cuestiona qué pasaría si México pidiera la captura de un gobernador estadounidense.
Vía NotiPress: Este jueves 14 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio un giro drástico al debate sobre la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo reveló que el gobierno de Estados Unidos ha rechazado, en años recientes, al menos 36 solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición, alegando exactamente lo mismo que México sostiene ahora: falta de pruebas.
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La “tercera vía”: El derecho a pedir pruebas
Sheinbaum criticó que en el debate público solo se manejen tres opciones, detener y extraditar, encarcelar en México o no hacer nada, cuando la ley contempla una salida fundamental para el debido proceso.
“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, sentenció la presidenta.
La mandataria adelantó que la próxima semana la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica presentarán el expediente completo de esos 36 casos donde Washington le dijo “no” a México, para demostrar que la exigencia de evidencias es un estándar internacional que ambos países deben respetar.
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Soberanía y Reciprocidad: “Pongámoslo al revés”
En uno de los momentos más firmes de la mañanera, Sheinbaum planteó un escenario hipotético para subrayar la defensa de la soberanía nacional frente a las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. contra 10 políticos mexicanos:
“Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, cuestionó, reafirmando que su postura no es partidista, sino constitucional.
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Un caso bajo la lupa del Artículo 39
La presidenta fue enfática al señalar que actuaría de la misma forma si el gobernador fuera de la oposición, pues el respeto al debido proceso y la soberanía —sustentados en el artículo 39 de la Constitución— están por encima de colores políticos. Por ahora, el expediente de Rocha Moya queda en pausa administrativa hasta que Washington decida si entrega o no las pruebas que sustentan sus señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa.
