La presidenta ordenó publicar contratos gubernamentales cada mes y retiró a los funcionarios la facultad de reservar información pública bajo criterios personales.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto presidencial para transparentar la información gubernamental y garantizar el acceso abierto a los archivos del Estado. La mandataria federal eliminó la facultad discrecional de los funcionarios públicos para reservar documentos bajo el argumento de seguridad nacional o por encontrarse en procesos de litigio, terminando con una práctica administrativa que opacaba la rendición de cuentas.
Mediante este ordenamiento del Ejecutivo, las dependencias federales deberán regirse bajo el principio de máxima publicidad, obligando a las secretarías de Estado y empresas públicas a abrir sus registros documentales a la ciudadanía de manera sistemática y expedita.
Fin a la reserva discrecional en dependencias, Pemex y CFE
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum anunció que enviará una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Por consiguiente, el Gobierno de México busca que las disposiciones operativas de este nuevo decreto se incorporen formalmente a la legislación nacional en la materia para otorgarles un carácter permanente.
En relación con el alcance legal de la nueva disposición gubernamental, la jefa del Ejecutivo explicó que la ley actual permitía a los funcionarios decidir arbitrariamente qué contenidos debían publicarse o mantenerse ocultos ante el público. De acuerdo con la mandataria, la opacidad operaba en dependencias clave y empresas energéticas del Estado:
“En la ley actual está establecido que los funcionarios pueden determinar qué se hace público o no, dependiendo de los temas de seguridad nacional o que estén en un procedimiento judicial o administrativo. Ya no queda a criterio de un funcionario, del secretario, del director de área de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vía: La mañanera del pueblo
Por lo tanto, los mandos directivos pierden la atribución unilateral de bloquear solicitudes ciudadanas, protegiendo el derecho constitucional a la información sin intermediaciones burocráticas.
Cuatro ejes estratégicos de la Secretaría de Anticorrupción
Para detallar la instrumentación técnica de este ordenamiento, la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto fortalece el principio de máxima publicidad en toda la Administración Pública Federal. Asimismo, la funcionaria federal aclaró que el Ejecutivo publicará la información gubernamental más allá de las obligaciones legales vigentes, estableciendo un estándar superior de apertura institucional en el sector público.
Vía: Rendición de cuentas
Por otra parte, la secretaria refirió que el decreto se publicará hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor de forma inmediata. De manera estructural, la política de transparencia se orienta en cuatro áreas prioritarias para vigilar el ejercicio del presupuesto federal:
- Contrataciones públicas: Supervisión y publicación total de los procedimientos de compra, licitación y adjudicación del Gobierno federal.
- Filiales de Pemex y CFE: Apertura documental de las empresas subsidiarias y operaciones comerciales vinculadas con las paraestatales energéticas.
- Fiscalizaciones y auditorías: Difusión de las revisiones contables, informes de control interno y evaluaciones de desempeño gubernamental.
- Pacto federal de máxima publicidad: Invitación formal para que estados, municipios, poderes judiciales y legislativos se sumen a este modelo de gobierno abierto.
En consecuencia con estos cuatro pilares, el Gobierno federal consolida un marco normativo que previene la corrupción y facilita la supervisión ciudadana sobre el destino de los recursos públicos.
Contratos al mes y reducción de 173 reservas de opacidad
Adicionalmente a la apertura estructural, Raquel Buenrostro detalló que los contratos del Gobierno federal serán publicados cada mes en plataformas abiertas, sustituyendo el esquema actual que permitía transparentar los datos trimestralmente. En específico, esta obligación mensual incluye todos los acuerdos comerciales de Pemex y la CFE, lo que acelera el escrutinio público sobre las inversiones en infraestructura y energía.
Vía: La Jornada
De igual manera, la secretaria de Anticorrupción abundó que la nueva normativa contempla una simplificación administrativa de las 173 reservas de información existentes dentro de los catálogos gubernamentales. Por consiguiente, la autoridad reducirá las causales de opacidad exclusivamente a temas legítimos de seguridad nacional y asuntos bajo litigio activo.
No obstante, incluso en casos de seguridad nacional o procesos judiciales, las dependencias publicarán versiones públicas de los documentos, precisó Buenrostro. Esta medida prohíbe la reserva absoluta de los expedientes oficiales, obligando a testar únicamente los datos sensibles y transparentar el resto de la información gubernamental para conocimiento de la sociedad.
Vía: La mañanera del pueblo
Reforma legislativa para garantizar un Estado transparente
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Poder Ejecutivo trabajará de la mano con el Poder Legislativo para que estas normas no se limiten a una disposición administrativa temporal. Por tal motivo, el Gobierno federal turnará el proyecto de ley a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para reformar el marco jurídico de transparencia en México.
Información de medios.
XSB
