La FGR desmantela el aparato logístico de Farías Laguna acusados de infiltrar las aduanas para proteger el contrabando de combustible, marcando un hito en el combate a la corrupción institucional.
La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un golpe contundente contra las estructuras de corrupción institucional al catear una bodega en la Ciudad de México propiedad del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Durante el operativo judicial, los agentes federales aseguraron armas sin registro, objetos de lujo y documentos de seguridad nacional clasificados como reservados, los cuales incluían expedientes detallados de altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar).

Asimismo, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que este hallazgo representa una pieza clave en la investigación contra una vasta red de contrabando de combustible. Las autoridades señalan al vicealmirante y a su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, como los líderes absolutos de esta organización criminal.
Ambos exmandos utilizaban sus posiciones de jerarquía para gestionar nombramientos y promociones estratégicas dentro de las aduanas marítimas y la propia Armada de México.
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El cateo de la FGR en Ciudad de México revela secretos navales
En consecuencia, la diligencia ministerial realizada en el inmueble que Roberto “N” arrendaba en la capital del país expuso el profundo nivel de infiltración de la red criminal. Los investigadores de la fiscalía localizaron listas de aduanas marítimas y expedientes confidenciales del personal naval, evidencia que demuestra cómo los acusados controlaban las operaciones desde las entrañas de las instituciones del Estado.

Por otro lado, la fiscal Godoy Ramos precisó que el Poder Judicial ya valora todos estos datos de prueba. La funcionaria destacó que Roberto “N” intervenía directamente en las designaciones de la Administración Nacional de Aduanas de México, garantizando así una red de protección transexenal para sus actividades ilícitas. Esta estructura, operada por los hermanos conocidos en el ámbito criminal como “Los Primos”, combinaba el tráfico de influencias con el lavado de dinero.
Huachicol fiscal en aduanas marítimas: el origen de la investigación
Adicionalmente, el caso histórico tiene su punto de partida en una denuncia interna del más alto nivel. El entonces secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán (tío político de los implicados), alertó al exfiscal Alejandro Gertz Manero sobre estas probables actividades ilícitas en el año 2024.
Esta denuncia clave originó el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel a bordo del buque Challenge Procyon en la Aduana de Altamira, Tamaulipas. A partir de ese decomiso portuario, la FGR descubrió que no enfrentaba a un contrabandista solitario o a una célula menor.

Las autoridades ministeriales identificaron una compleja red criminal que dominaba la importación, el traslado, el almacenamiento y la distribución del hidrocarburo. Por lo tanto, las investigaciones federales se extendieron rápidamente para rastrear las operaciones ilegales en los estados de Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Modus operandi del contrabando de combustible desde Texas
De igual forma, las indagatorias financieras y operativas revelaron un esquema sistemático y altamente repetitivo. Los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados con hidrocarburo que los operadores declaraban falsamente como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal y evadir el pago de impuestos. En este lucrativo proceso, servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían sobornos millonarios por cada embarque que dejaban pasar hacia territorio nacional.
Además, cuando las autoridades gubernamentales programaban inspecciones aleatorias, la red criminal garantizaba que estas fueran una simple simulación visual. Los cómplices aseguraban muestreos superficiales, aprobaban volúmenes manipulados y establecían calendarios de arribo precisos para desactivar las cámaras de seguridad portuarias. De esta manera, el hidrocarburo abandonaba las instalaciones gubernamentales sin enfrentar ninguna revisión real.
Posteriormente, una vez que el combustible ilícito tocaba tierra, la organización lo distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas. Sin embargo, una extensa red de empresas fachada y complejas triangulaciones financieras se encargaban de lavar el dinero de las ganancias, dándole una apariencia completamente legítima a los millonarios ingresos derivados de la venta en el mercado negro.
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Secretaría de Marina y captura de altos mandos navales
Por supuesto, el avance ininterrumpido de las investigaciones derivó en acciones penales concretas contra los líderes de la red. Las fuerzas de seguridad detuvieron a Manuel Roberto Farías Laguna el 2 de septiembre de 2025 dentro de las instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca. Meses más tarde, tras una intensa búsqueda internacional, agentes policiales arrestaron a Fernando Farías Laguna en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026, mientras el prófugo utilizaba un pasaporte falso.
Finalmente, tras agotar el proceso de extradición internacional, el gobierno argentino entregó a Fernando Farías a las autoridades mexicanas en agosto de 2026. Actualmente, ambos hermanos permanecen recluidos bajo estrictas medidas en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Enfrentan graves cargos por delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal equiparada. Hasta este momento procesal, el caso suma 16 personas detenidas, de las cuales 12 fungían como servidores públicos en activo.
En este complejo contexto, la fiscal Ernestina Godoy subrayó el absoluto respaldo del actual secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, al seguimiento de las pesquisas ministeriales. La titular de la FGR advirtió severamente que la responsabilidad penal es individual y que quien utilice un uniforme oficial para servir al crimen responderá invariablemente ante la justicia.
Información de medios.
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