Un juez ordenó trasladar al exgobernador de Baja California a su residencia en Ensenada, debido a su edad y estado de salud, donde continuará enfrentando su proceso legal.
Juez ordena su traslado desde el Penal del Altiplano hasta Ensenada
Un juez de control federal concedió este viernes 25 de septiembre la medida cautelar de prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel. Por consiguiente, el exgobernador del estado de Baja California abandonará su celda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, popularmente conocido como el Penal del Altiplano. En consecuencia, las autoridades penitenciarias cuentan con un plazo inexcusable de 48 horas para organizar y ejecutar el traslado del político.
La resolución judicial establece que las corporaciones de seguridad deben custodiar al imputado durante su viaje hasta su domicilio particular situado en la ciudad de Ensenada, Baja California. A partir de ese momento, el exmandatario continuará el desahogo de su proceso penal recluido al interior de su vivienda. Sin embargo, el fallo judicial únicamente modifica el lugar de confinamiento, pero no cancela los cargos penales ni determina su inocencia frente a la ley.
La autoridad concretó el cambio de medida cautelar durante una prolongada audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Precisamente, el juez responsable del caso evaluó las circunstancias actuales y determinó que variaron las condiciones legales que originalmente fundamentaron la prisión preventiva de oficio impuesta durante el pasado mes de julio.
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Defensa técnica justifica el beneficio ante la edad y salud de Ernesto Ruffo Appel
El equipo legal del ex-funcionario sustentó su solicitud en los lineamientos jurídicos que protegen los derechos procesales de las personas mayores de 70 años. De igual forma, los abogados defensores entregaron al juzgador un expediente clínico exhaustivo que detalla con precisión los múltiples padecimientos que afectan al exgobernador. Actualmente, Ruffo Appel tiene 74 años de edad, circunstancia que lo hace vulnerable y dependiente de diversos tratamientos médicos especializados.
El pasado miércoles, el abogado Juan Marcos Gutiérrez adelantó ante la prensa la estrategia que utilizarían para obtener el beneficio cautelar. Además, el litigante aclaró que la defensa no disponía del dictamen médico completo cuando el tribunal desahogó las audiencias iniciales y de vinculación a proceso en julio. Por su parte, el abogado Arturo Germán Rangel confirmó la victoria legal al concluir la diligencia de este viernes a las afueras de la prisión.
Vía: X @Milenio
La defensa jurídica promovió diversos recursos previos, incluyendo la interposición de un cuarto juicio de amparo en agosto para combatir la negativa de un juzgado. Finalmente, los argumentos clínicos prevalecieron ante el tribunal de control. En resumen, el juez consideró que el centro penitenciario federal no garantizaba las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física del procesado.
La FGR acusa al exgobernador de operar una red de huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene acusaciones formales contra el político por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Específicamente, el Ministerio Público de la Federación acusa a Ruffo Appel de liderar un esquema criminal masivo enfocado en el “huachicol fiscal”. Es decir, el grupo introducía combustible de manera irregular al territorio nacional para evadir el pago de los impuestos correspondientes.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la empresa Ingemar, donde el exgobernador funge como fundador y accionista, importó 2 mil 137 millones 455 mil 156 litros de petrolíferos. Asimismo, la indagatoria señala que la compañía Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. introdujo otros 225 mil 633 litros a lo largo del año 2025. Concretamente, ambas corporaciones ejecutaron estas millonarias acciones comerciales sin contar con las licencias expedidas por la Secretaría de Energía.
Los fiscales federales documentaron que la red criminal transportaba el hidrocarburo de contrabando desde los Estados Unidos hacia México utilizando principalmente el sistema ferroviario. Como consecuencia de esta evasión masiva, el gobierno mexicano documentó un daño financiero severo a la hacienda pública federal que asciende a la cantidad de 166 millones 466 mil 735 pesos.
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Avance del proceso judicial tras los decomisos de la FGR
Durante el desarrollo de las investigaciones operativas, las fuerzas de seguridad federales aseguraron poco más de 18 millones de litros de hidrocarburos ilícitos. Consecuentemente, los agentes ministeriales concretaron estas incautaciones tácticas en distintos operativos desplegados en los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. A pesar de estos esfuerzos institucionales, el combustible decomisado apenas representa una mínima parte del hidrocarburo que ingresó al país.
Elementos de seguridad detuvieron al exgobernador el pasado 16 de julio de 2026 en el municipio de Ensenada, mediante la ejecución de una orden de aprehensión. Tres días después, un juez autorizó su ingreso al Penal del Altiplano. Posteriormente, el poder judicial dictó la vinculación a proceso debido a que la Constitución castiga la delincuencia organizada y los delitos en materia de hidrocarburos con la medida de prisión automática.
El acusado y sus familiares rechazaron repetidamente haber cometido actos ilícitos y sugirieron ante la opinión pública que el proceso responde a motivaciones políticas. No obstante, la FGR descartó categóricamente cualquier injerencia partidista e insistió en la contundencia de las pruebas financieras aportadas al expediente. Finalmente, el proceso continuará su curso habitual mientras el exmandatario permanece vigilado al interior de su domicilio bajacaliforniano.
Información de medios.
XSB
