El Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue conocido a nivel mundial por la reciente tragedia que se vivió ahí: un incendio que cobró la vida de 40 menores de edad. Este hecho no representa un descuido aislado por parte de los administradores del lugar, sino que es la punta de un iceberg de gran tamaño.
Un enorme pedazo de hielo en el mar como el que aún está presente en México, que representa la tragedia que ocurrió en Sonora el 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC. Porque a casi ocho años de ese lamentable suceso, apenas el año pasado se acaban de dictaminar las condenas para algunos de los responsables, no los máximos sino los más fáciles de inculpar.
Volviendo al país centroamericano, se acaba de hacer público que la Organización de Estados Americanos, por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó, el pasado 31 de enero, un informe detallado de las condiciones en las que se encontraban las instalaciones de la institución. No obstante, el gobierno del presidente Jimmy Morales hizo caso omiso de la petición.
Algo muy parecido a lo que ocurrió en la Guardería ABC, la cual tampoco contaba con los requisitos mínimos de seguridad; sin embargo, operaba con total normalidad pues contaba con las firmas que la autorizaban para dar servicio. Una de las dueñas del lugar era Matilde Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama Margarita Zavala, por lo cual no se actuó con total apego a la ley, desligándola de cualquier responsabilidad.
Respecto al incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, las autoridades guatemaltecas habían recibido, por parte de la CIDH, la petición de aclarar el tema de trata de personas que rondaba desde hace tiempo, pues ya se habían presentado una serie de denuncias por este y otros delitos como violaciones, maltrato físico y psicológico, incluso, asesinato. La violencia era una forma común de operar dentro de este centro.
El gobierno de Guatemala tardó en hacerlo, pero finalmente actuó. Destituyó de su cargo a Santos Torres, director del albergue; Anahí Keller, subsecretaria de la institución; y Carlos Antonio Rodas Mejía, secretario de Bienestar Social de la Presidencia. Los tres eran responsables de conducir este centro.
Toca esperar que no se actúe por bajo del agua ni con complicidades políticas como en nuestro país, sino que se llegue a los máximos responsables y en menos tiempo que en el caso de Sonora. El iceberg necesita ser visto en su totalidad en ambos casos.
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