El proyecto se aprobó con una votación de 9 a 3
Las ciudades santuario estarán obligadas a cooperar y no omitir información de cualquier tipo a la policía de inmigración
La Legislatura de Florida sigue tratando de prohibir las ciudades santuario, pues ahora la versión del proyecto de ley en la Cámara de Representantes fue aprobada en la Subcomisión de Justicia Civil en una votación de 9 a 3. Con esto se busca que los gobiernos y agencias policiales –tanto estatales como locales- cooperen con la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) con la detención de inmigrantes.
El proyecto prohíbe a las autoridades no compartir cualquier tipo de información con el ICE, además de que establece un procedimiento para cuando una persona sea arrestada y no pueda comprobar que es residente legal. Por supuesto, su aprobación ha provocado varias protestas por parte de grupos de inmigrantes.
Asimismo, se exige que cualquier «política de santuario» en vigor sea anulada en los 90 días siguientes de la firma de la ley.
Lo curioso del caso, es que Florida no cuenta con ninguna ciudad santuario, aunque el patrocinador de la iniciativa, Cord Byrd, dijo que se busca que esto sea un beneficio para las 11 entidades que sí cuentan con políticas de santuario, de las cuales, dijo no tener la lista.
«Hay algunas ciudades y condados que tienen alguna forma de políticas (de ciudades santuario). Este proyecto de ley es un asunto de libertad y seguridad pública», dijo Byrd.
La ley penalizará a las municipalidades que no cumplan las exigencias, por lo que no reportar cualquier irregularidad a las autoridades de inmigración podría terminar en la suspensión o expulsión del cargo. Asimismo el procurador general o fiscal estatal tendrán la capacidad de solicitar una orden de restricción contra cualquier agencia que no cumpla lo establecido.
El proyecto también impone una multa de al menos $1,000 por cada día que una «política de santuario» esté en vigor y no se cumpla. Entre otras medidas se prohíbe gastar fondos públicos o reembolsar a los abogados de oficio que infrinjan la regla, además de que durante cinco años quedará eliminada la elegibilidad para recibir donaciones estatales cuando no se cumpla con lo pautado.
Algunos de los actos que se consideran como «penalizaciones» son no preguntar el estatus inmigratorio a una persona arrestada o encarcelada, no informar al ICE sobre un indocumentado detenido, no alertar al ICE antes de la liberación de tal persona, no llevar a los indocumentados a la oficina más próxima del ICE y rechazar solicitudes del ICE para mantener bajo custodia a una persona por razones de inmigración.
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