Denuncian que Mancera se niega a renovarles permisos para operar a partir de 2018.
Aseguran que en cada verificentro se invirtieron alrededor de 20 mdp en equipo de punta.
En días recientes, bajo la penumbra de aquellos temas casi nulificados por el ascendente fenómeno electorero, específicamente con el arranque de las precampañas para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, un tema de suma importancia se asoma en el radar noticioso…
Y es que concesionarios de verificentros capitalinos, liderados por Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, denuncian que el gobierno de Miguel Ángel Mancera se niega a renovarles permisos para operar a partir del próximo año, por lo que piden la intervención del Senado.
Este problema involucra directamente con 74 establecimientos en la ciudad, que a palabras de Torres Anzures, se traduce en más de 2 mil 500 trabajadores perjudicados, pues recientemente en cada verificentro se invirtieron alrededor de 20 millones de pesos en la adquisición de equipo de punta que en ningún lado pueden vender.
Por lo anterior, los concesionarios aseguran que reclamarán una indemnización de, por lo menos, mil 400 millones de pesos, además el abogado de los empresarios, Gustavo Soto, anunció que se gestionarán amparos en contra de la desaparición de dichos centros de trabajo.
Gustavo asegura que los 55 nuevos concesionarios, la mayoría pertenecientes únicamente a cinco empresas, entre ellas Power Cars Mundo, Excelencia Refaccionaria Ave Fénix, Ciudad Maxiplus y Compañía Empresaria Vedoza, carecen de capacidad y experiencia para dar servicio a 2.5 millones de automóviles de la capital.
Planteó que, a la fecha, los nuevos verificentros no están instalados y surgieron de una convocatoria «muy amañada» para esos 55 centros, publicada el 14 de marzo de este año; además, recalcó que ellos siempre han estado dispuestos a instalar la tecnología que ha solicitado la Secretaría de Medio Ambiente, pero extrañamente este año no se las pidieron y, en cambio, lanzaron una convocatoria.
Bajo el mismo contexto, Juan Romero Tenorio, legislador de Morena, aseguró que la suspensión del servicio de verificación vehicular, durante el primer semestre del próximo año, como lo anunció el jefe de Gobierno, es una clara medida de éste para beneficio propio y electoral, que además afectará la calidad del medio ambiente de la capital del país y su zona conurbada.
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