Han pasado dos días desde que el presidente de Perú indulto al exmandatario.
Fujimori pidió perdón, a través de un video publicado en Facebook, por haber «defraudado» al pueblo peruano durante los diez años que duró su mandato, de 1990 a 2000.
Los «daños colaterales» por el indulto a Alberto Fujimori han empezado a sucederse. Después de la decisión del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, algunos funcionarios del gobierno han presentado su renuncia; además, algunas organizaciones en pro de los derechos humanos han pedido que el exmandatario regrese a la cárcel.
Dentro de los funcionarios que han dado un paso al costado se encuentran Roger Rodríguez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Daniel Sánchez, secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN); y Katherine Valenzuela, responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de la misma comisión. A estas renuncias se sumaron las del legislador Alberto de Belaúnde, quien decidió abandonar su cargo en la bancada del oficialismo.
El director general aseveró en su misiva de renuncia que Fujimori «no calificaba para la concesión de un indulto humanitario»; por otro lado, el secretario técnico de la CMAN indicó que es «insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas».
Por otro lado, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) exhortó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pida al Estado de Perú la información sobre el indulto y derecho de gracia que Fujimori; además de que solicite una audiencia pública para que se supervise el cumplimiento de condena.
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