Este viernes se aprobaría el acuerdo
La familia de Franco se opone a ello, aunque el Ejecutivo adelantó que si ellos no eligen el nuevo lugar para los restos, entonces lo decidirá el gobierno
Este viernes el gobierno español aprobará el acuerdo para exhumar los restos de Francisco Franco a pesar de la oposición de los nietos del dictador y del prior. La familia anunció que recurrirá al poder Supremo para solicitar que se dé marcha atrás con la exhumación.
La decisión fue tomada la mañana del lunes por el presidente Pedro Sánchez. Asimismo se busca justificar esta decisión con el argumento jurídico de que «la exhumación no depende ni de la autorización de la Iglesia ni de la familia, sino de un mandato legal».
Además, otro sustento para realizar esta acción por la vía legal es que:
«No existe un derecho de la familia reconocido ni nacional ni internacionalmente a inhumar o mantener los restos mortales de un familiar en un lugar determinado, más aún, cuando estamos hablando de una tumba pública sobre la que carecen de título alguno».
Respecto a las quejas por parte de la iglesia, específicamente los benedictinos, el Ejecutivo sostiene que los monjes no pueden negarse a cumplir un decreto por parte del gobierno siempre y cuando sea legal; aunque por otro lado también reconoce el templo es inviolable.
Además se especifica que los restos de Franco no pueden seguir descansando en la catedral de la Almudena, pues «existe una imposibilidad legal» para ello.
«El Gobierno no puede asumir al igual que la exaltación que supone mantener nuevamente la tumba de Francisco Franco en un lugar accesible y abierto al público y de las características de la Catedral de La Almudena», expone un documento oficial.
Por ello el gobierno pensará en otorgar 15 días de plazo a la familia Franco para que decida el nuevo lugar de descanso para sus restos, por lo que exhortan que éste sea un destino «compatible con los parámetros de orden público y seguridad ciudadana».
Es importante resaltar que si los nietos no deciden el lugar, entonces será el Ejecutivo quien lo haga.
Por su parte el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, confirmó que «se interpondrá un recurso ante el Supremo. Se solicitarán las medidas cautelares, fundamentalmente la suspensión de ese acuerdo, con el objeto de que se paralice y la justicia ampare los derechos fundamentales que estamos intentado preservar».
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