Con esta acción buscan evitar el referéndum del 1 de octubre.
La medida también busca aumentar el control de España sobre la Generalitat.
El Gobierno de España tomará el control económico de Cataluña para cortar las vías de financiación del referéndum del 1 de octubre, que busca la independencia de esa región del resto del país. De acuerdo con información de EL ESPAÑOL, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentará al Consejo de Ministros un informe sobre la «adopción de medidas de defensa del interés general y garantía de servicios públicos en Cataluña».
Mientras tanto, el Gobierno español ha convocado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos inmediatamente después del Consejo de Ministros para aprobar medidas adicionales que permitirán a Hacienda asumir el pago de facturas, proveedores y nóminas de la Generalitat, el sistema institucional en que se organiza políticamente la comunidad autónoma de Cataluña en España.
Con esta medida, el Gobierno de España responde así al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que se ha negado a enviar al Ministerio los gastos semanales del Govern. Junqueras ha argumentado que el nuevo régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlament, que está suspendido por el Tribunal Constitucional, es incompatible con el control de Hacienda. El acuerdo inicial de medidas adicionales para garantizar la prestación de servicios públicos en Cataluña y en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las leyes fue el que obligó a Junqueras a enviar semanalmente a Hacienda una minuta de los gastos del Govern.
El Consejo de Ministros quiere impedir que la Generalitat use dinero público para organizar el 1-O y así, obtener una ventaja en sus objetivos independentistas. El contenido del informe, según fuentes consultadas por este diario, prevé que el Gobierno central asuma directamente el pago a los proveedores de la Generalitat e incluso las nóminas de los funcionarios. El Ministerio puede tomar medidas adicionales de gasto a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), siempre para garantizar la prestación de los servicios públicos.
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