El presidente de España niega el referéndum «simplemente porque va contra la ley».

Ayer alrededor de un millón de catalanes salieron a las calles con motivo del Día Nacional de Cataluña.

Parece que el referéndum del próximo domingo 1 de octubre será un hecho, sin embargo, el gobierno español se encuentra más que movido para evitar a toda costa la realización de las votaciones. Ahora, la Fiscalía de  Cataluña –acatando las indicaciones– ordenó que se confisque todo el material que se tiene contemplado usar en la jornada.

Esta es una medida más que el Tribunal Constitucional español toma para «trabar» el ejercicio independentista de los catalanes. Anteriormente ya había prohibido el plebiscito del gobierno catalán para realizar el referéndum; además, la ley de desconexión –con la que se pretende regular la transición independentista– fue suspendida de forma cautelar.

De esta forma, los Mossos d’Esquadra –policía catalana–, la Policía Nacional y la Guardia Civil española recibieron la orden de José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña, de evitar la realización del referéndum. De tal suerte, los Mossos se enfrentarán a la disyuntiva de obedecer a los jueces o demostrar su lealtad al gobierno catalán.

Sobre estas medidas Carles Puigdemont, presidente catalán, externó lo siguiente: «Tenemos un referéndum dentro de 19 días y tiraremos hacía adelante (…) si el señor Rajoy quiere hablar de esta situación hoy mismo o mañana, estoy dispuesto a reunirme con él y lo he dicho y lo volveré a decir hasta el último minuto».

A la par de estos actos, en la capital española Madrileños por el derecho a decidir convocó el próximo domingo 17   a una manifestación denominada «En Madrid por la libertad de expresión y la democracia». No obstante, el juez José Yusty Batarreche suspendió la movilización, lo que provocó que la plataforma calificara el hecho como el claro ejemplo de la «involución democrática».

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