Aun y con que el gobernador Omar Fayad reconoció el pasado mes de mayo la presencia de narcos en el estado, la Procuraduría General de la República (PGR) no reconoce que existan operaciones en contra de los cárteles de droga, en lo que respecta al mapeo delictivo de 2017 y de los indicios que indican todo lo contrario.
Dicha afirmación de la PGR resulta poco creíble cuando la declaración de Fayad fue que “hay fuerzas que amenazan el estado de Hidalgo, las cuales se encuentran inmersas en el crimen organizado y se encuentran inmersas en los cárteles de droga”. Esto se muestra bastante alarmante sobre todo porque esta declaración la dio después de registrados nueve enfrentamientos armados entre policías y presuntos huachicoleros, además de seis feminicidios.
Por si fuera poco, el 12 de mayo fue ejecutado José Augusto Vera Pachecho, alias El Pino, en la Calzada de Veracruz en Pachuca, quien fue acusado de ser el enlace entre cuerpos policiacos y el cártel de los Zetas. Sin embargo, se dijo que este asesinato no se debió a un ajuste de cuentas del crimen organizado.
De esta manera, esta declaración, así como los sucesos delictivos, hacen que sea difícil creer las afirmaciones de la PGR respecto a la ausencia de estos grupos delictivos en la entidad.
Asimismo, de acuerdo con un informe encargado al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia (Cenapi), las células delictivas de La familia Michoacana y Los Zetas operaron en el estado de Hidalgo durante el periodo de gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong.
Sin embargo, desde el 2013 los Zetas no forman parte del listado de células criminales elaborado por el Cenapi, aun tomando en cuenta que hasta hace apenas en agosto de 2016 se han encontrado tres cultivos de marihuana y siete narcolaboratorios.
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