Son pocos los países que han cerrado sus fronteras para impedir que los refugiados, provenientes de medio oriente, entren a su territorio en busca de mejores condiciones de vida. Austria y Hungría son dos de los países que se oponen a dar cabida a los desplazados, en donde no sólo la clase política ha manifestado sus intenciones de cerrar las fronteras, sino que la sociedad en general se ha manifestado bajo consignas como «esto es Hungría, no Europa».
Ante el descontento social, en Hungría entró en vigor una ley aún más restrictiva, aprobada a principios de mes en el Parlamento, la cual sentencia que los solicitantes de asilo serán retenidos en dos campamentos de viviendas-contenedores, junto a la frontera, medida que se aplicará también a menores de entre 14 y 18 años.
La organización defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), pidió, en un comunicado, la intervención de las instituciones europeas, bajo el argumento de que detener de forma sistemática a los solicitantes de asilo infringe la legislación internacional. «La Comisión Europea ha sido vacilante en lo que se refiere a pedir cuentas a Hungría por su actuación con los que buscan asilo», señaló.
Además, sentenció que la indiferencia con la que la Unión Europea maneja el caso de Hungría, respecto a los desplazados, conducirá a que otros países emulen «la actuación de Hungría».
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