Se les acusa de rebelión, sedición y malversación.
Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros no acudieron a declarar a la Audiencia Nacional pues consideran que se trata de un juicio político «efectuado al dictado del gobierno del Estado español».
Tal y como lo había solicitado la Audiencia Nacional ayer acudieron a declarar Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, y los demás personajes que integraban el gobierno de Cataluña.
Jordi Turull (Presidencia), Joaquim Forn (Interior), Carles Mundó (Justicia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borras (Cultura) acompañaron a Junqueras tras ser acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos para la realización del referéndum.
La comparecencia arrojó que Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional, decretó prisión para los siete catalanes. Medios españoles aseguran que la medida es empleada por que la magistrada supone un riesgo de reiteración delictiva, destrucción de pruebas y una posible fuga de los catalanes.
Esta última condición apela al proceder de Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers, quienes no atendieron el llamado de la justicia española y se refugiaron en Bélgica.
Mientras tanto el exconseller Santi Vila estará en prisión pero solo hasta que pague la fianza de 50 mil euros que le fue impuesta; esta situación obedece a que el catalán dimitió antes de que el Parlament hiciera la declaración de independencia.
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