Ahora el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías incluye especificaciones ciudadanas.
Las organizaciones vecinales buscan terminar con el «proceso especulativo donde el valor del duelo está por encima de cualquier derecho humano».
Las irregularidades en el sector inmobiliario de la Ciudad de México han sido denunciadas por los capitalinos de forma constante. Según cifras oficiales al año se registran más de dos mil desalojos, algunos son por la vía judicial y otros no. Lo que propicia la aparición de los abusos de autoridad que violentan los derechos de los habitantes que rentan o tienen su inmueble en la ciudad, principalmente en los colonias céntricas.
Por esto es que los habitantes de la Ciudad de México, uniendo fuerzas en diversas organizaciones, han mantenido su lucha en contra del llamado «cártel inmobiliario», el cual, aseguran, cuenta con la participación de políticos que se benefician con las arbitrariedades que cometen estas redes que de manera ilícita predios, edificios, entre otros inmuebles.
La perseverancia de los capitalinos ha rendido frutos y han sido incluidas sus voces en materia legal. De esta forma, por primera vez, la legislación limita explícitamente los desalojos arbitrarios y desplazamientos forzosos.
Fue el pasado viernes 8 de febrero que los capitalinos propusieron incluir en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías algunas especificaciones para disuadir los desalojos forzosos. Por ejemplo, se buscó que las personas implicadas en el desalojo deben tener a su disposición una audiencia con el juez, que no sufran discriminación y, además, debe asegurarse la fuerza debe ser la última opción en todo momento. Estos son algunos de los requerimientos.
Así fue como el Congreso local aprobó que los desalojos forzosos se podrán hace solo en «caos excepcionales», tal y como lo pidieron los capitalinos. Con esta acción legislativa se busca avanzar en la materia y proteger las garantías de las personas y sus derechos humanos. El uso de la fuerza deberá ser el último recurso, la mediación y el trato judicial debe imperar en este tipo de situaciones, ya estipula la ley.
Ahora la ley evita el uso de fuerza en los desalojos, desplazamientos y despojos de los cuales pueden ser sujetos algunos capitalinos. Esta labor vecinal tiene al menos seis años, tiempo en el cual se han apoyado de académicos, organizaciones no gubernamentales y plataformas vecinales; también se ha creado un «registro y memoria de la perversidad e ilegalidad en la que operan los intereses inmobiliarios», en el cual se tiene un historial de los abusos cometidos por las autoridades.
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