De acuerdo con algunas Organizaciones no gubernamentales (ONG), el gobierno brasileño y el Legislativo aprobaron proyectos para reducir reservas naturales amazónicas, promover la minería y la expansión de las fronteras agrícolas, lo que calificaron como «la mayor ofensiva antiambiental».
«Tras los avances en la reducción de la tasa de deforestación, en la demarcación de tierras indígenas y en la creación de reservas durante la década pasada ―manteniendo al mismo tiempo un fuerte crecimiento económico, cosechas récord y generación de empleos―, Brasil parece retroceder a la década de 1980», denunció la Organización del Clima.
A pesar de los esfuerzos por reducir la deforestación en comparación con la década de 1990, cuando las áreas arrasadas del Amazonas llegaron a sumar en un año 23 mil kilómetros cuadrados, Brasil no se comprometió aún a erradicar la deforestación ilegal y el año pasado el área deforestada aumentó un 29 por ciento, hasta los ocho mil kilómetros cuadrados.
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