Las constantes desapariciones que se han presentado desde hace dos años a la fecha han propiciado que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) le solicitara a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local un informe detallado sobre el Sistema de Registro de Personas Extraviadas.
Otra de las circunstancias que motivó esta petición fue la investigación realizada por la geofísica María Salguero, en la cual se dieron a conocer cuáles son las delegaciones en la que mayor número de feminicidios se presenta; así como la estadística que señala que existen 622 casos de desapariciones que aún siguen sin resolverse.
El informe solicitado por la ALDF también debe de incluir información acerca del personal policial, ministerial y pericial, igualmente sobre la capacitación que estos tres reciben. Esto obedece a que actualmente el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) debe esperar 72 horas para dar inicio a la búsqueda de algún ciudadano desaparecido.
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