Fue aproximadamente desde el año 2012 cuando comenzaron las movilizaciones en la Sierra Norte de Puebla para impedir el desarrollo de las industrias mineras que poco a poco iban llegando a la región, ante esto, el gobierno federal nunca se abrió a consultas, sino que sencillamente otorgaba las concesiones ignorando la negativa de los pueblos.
Hasta marzo del 2016, eran 24 empresas las que tenían concesiones mineras vigentes en el Estado de Puebla, las cuales exploran y posteriormente explotan recursos tales como oro y plata, así como yacimientos de productos no metálicos como barita, pirita, entre otros.
Desde aquella fecha, los proyectos mineros son uno de los temas que mas han generado una serie de movilizaciones en la Sierra Norte del Estado de Puebla, debido a que representan riesgos en materia ambiental por la devastación de áreas boscosas para las minas a cielo abierto, despojo de tierras y cambio en la forma de organización comunal.
La represión a quienes se resisten, así como la campaña de cooptación a los indecisos, ha ido acompañada de una estrategia donde los datos sobre los proyectos permanecen ocultos.
Ante la poca capacidad de maniobra de los pueblos locales, los Integrantes de distintas comunidades de Pahuatlán, Tlacuilotepec y algunos municipios del estado de Hidalgo, solicitaron el apoyo del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que interceda ante el gobierno para que se cancele la obra de introducción del Gasoducto Tuxpan-Tula.
Dicho proyecto, pertenece a la empresa TransCanada, que ha solicitado permiso para que la instalación de su empresa atraviese municipios vecinos de Veracruz, Puebla y el estado de Hidalgo, entre otros. Por ello, se han llevado a cabo algunas reuniones entre representantes de distintos pueblos indígenas y visitadores de la ONU, quienes indicaron que la visita se realizó en el marco del convenio que tiene con las autoridades mexicanas para lograr un equilibrio entre su ejercicio de poder y el respeto al derecho de las comunidades.
En tanto, en las diferentes reuniones, los comuneros señalaron a la empresa TransCanada y los representantes de los tres niveles de gobierno, quienes los han engañado y han dividido a sus pueblos, debido a que han hecho de la consulta obligatoria, un montaje en el que han participado incluso notarios públicos.
En dichas reuniones, los pobladores expusieron que no se les ha permitido decidir sobre el destino que tendrá su territorio, de gran importancia puesto que representa identidad y cultura. Así mismo, consideraron que después de la instalación del gasoducto, podría devenirse un sinfín de permisos para la explotación de minas y la práctica del fracking en la sierra otomí-tepehua, lo cual, dañaría los mantos freáticos y la agricultura.
Por último, aprovecharon la visita de los comisionados de la ONU para exponer que han sido blanco de intimidaciones por parte de las autoridades municipales y se les está criminalizando por defender su tierra.
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