Las obras se encuentran distribuidas en 12 alcaldías.
Claudia Sheinbaum señaló que los funcionarios y constructoras involucrados recibirán las sanciones que les corresponda. Podría haber cancelación de permisos y demoliciones.
Son al menos 48 las construcciones ilegales en 12 alcaldías, que la actual administración del gobierno capitalino investigará para determinar la responsabilidad del urbanista Francisco García Robles, quien las autorizó mientras fungía como director de instrumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Ileana Villalobos Estrada, directora general de esta dependencia, externó que las irregularidades se advirtieron tras el análisis que se hizo de las 174 autorizaciones que se dieron para las construcciones en polígonos durante la administración pasada.
Tales autorizaciones deben ser hechas por el director del área, sin embargo, «casualmente nunca estaba el director general cuando se autorizaban los polígonos de actuación», señaló Claudia Sheinbaum Pardo. «Es el director de área quien autoriza todos los polígonos de actuación. Ninguno está autorizado por director general; todos están autorizados por un director de área con leyenda en donde dice “por ausencia”», detalló.
La mandataria de la Ciudad de México externó que «este instrumento fue ilegalmente utilizado por la anterior administración, se dieron autorizaciones que no tenían ningún fundamento de tal manera que se abusó de los polígonos de actuación».
Sobre las irregularidades encontradas, Vilalobos Estrada dio a conocer que hubo polígonos de actuación en lugares donde los Programas Parciales de Desarrollo Urbano no los permiten, por ejemplo, las colonias Cuauhtémoc y Nápoles. Además se facilitaron autorizaciones de mayores niveles de construcción y relocalización de usos de suelo entre alcaldías.
La jefa de gobierno anunció que las sanciones que recibirán los funcionarios que resulten responsables dependerán de los resultados que obtenga la Contraloría tras su investigación. Sobre las constructoras involucradas, apuntó que el instituto de Verificación Administrativa (Invea) asignará los castigos correspondientes. Los proyectos inmobiliarios podrían sufrir la revocación de los permisos o incluso la demolición de lo edificado hasta el momento, dependiendo de cada caso y del estatus de la construcción, indicó Sheinbaum Pardo.
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