El expresidente Da Silva fue condenado a 12 años de prisión
Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó un falló que deja abierta la posibilidad para que Da Silva y otros políticos soliciten su libertad
Apoyandose en un artículo 283 del Código de Proceso Penal de Brasil, según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla el «tránsito en juzgado», el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Marco Aurelio Mello, determinó la liberación de forma cautelar de todos los presos condenados en segunda instancia, por lo cual el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva saldría libre.
Lula se encuentra en prisión desde abril pasado tras ser condenado a 12 años bajo los cargos de corrupción, aunque aún le restan dos apelaciones a tribunales superiores, motivo por el que la medida anunciada por el juez Mello podría beneficiarlo.
Aunque la medida tiene efecto inmediato, el juez Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF), indicó que la misma debe ser solicitada por los abogados de Da Silva.
Respecto a esto, el Partido de los Trabajadores ya solicitó la inmediata liberación del ex presidente.
«Acabamos de presentar un recurso solicitando el permiso de liberación de Lula», anunció la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), la senadora Gleisi Hoffmann.
Sin embargo, la dirigente de la formación socialista anunció que el PT renuncia al derecho que Lula tiene de ser sometido a un examen de cuerpo de delito antes de ser excarcelado, esto con la finalidad de que su liberación pueda ser más rápida.
Como única excepción se establecieron los casos de las personas que están en prisión preventiva, pues estos casos están regulados por otro artículo que requieren «dar garantías para el orden público, económico o conveniencia» del proceso judicial.
Actualmente la Corte Suprema inicia un receso hasta el próximo mes de febrero, pero el presidente de la Corte Suprema, Antonio Dias Tóffoli, anunció que una vez concluido éste, será discutida una decisión que el tribunal adoptó en 2016 y permitió la ejecución de una pena a prisión después de que fuera confirmada la sentencia en segunda instancia.
Aunque el expresidente podría salir el mismo día de solicitada la petición, hasta el cierre de esta edición todavía no había sido liberado
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