El 30 de junio de 2014, militares ejecutaron de manera extrajudicial a 15 personas en el municipio de Tlatlaya.
De acuerdo con el INAI, el expediente fue entregado con testas en nombres de personas físicas y personal sustantivo de la PGR.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que dé a conocer la versión pública de la averiguación previa del caso Tlatlaya SEIDO/UEITA/174BIS/14, esto con el fin de detonar procesos de justicia en los que la seguridad y el Estado de derecho se cumplan.
Así mismo, instruyó a la dependencia antes señalada para que se publique el expediente de seguimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la descripción de hechos, un particular había solicitado actas, investigaciones, denuncias y otros documentos relacionados con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en la comunidad San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, en donde militares ejecutaron a 15 personas de manera extrajudicial, el caso se tornó aún más complejo cuando las investigaciones señalaron que la escena fue alterada por los uniformados.
En respuesta a este requerimiento la persona que debía entregar la información dispuso «la versión pública de la averiguación previa del caso, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH» y en ella borró información relacionada al personal sustantivo de la PGR, así como parte de las investigaciones vinculadas y generadas por diversas unidades administrativas, y datos personales de personas físicas.
Por esta razón, el solicitante emitió una queja y solicitó la revisión por parte del INAI en torno a estos impedimentos de acceso a la información. Tras algunos alegatos con la PGR, la dependencia remitía los documentos mencionados con las mismas inconsistencias por lo que el comisionado Joel Salas Suárez, en el análisis del caso, ordenó la exposición de la información debido a que «no le resultaba aplicable ninguna causal de reserva».
«Toda vez que la averiguación previa y expediente de seguimiento del caso Tlatlaya, es información relacionada con violaciones graves de derechos humanos, y solo se actualizaba la confidencialidad de los nombres y firmas de personas físicas». Consecuencia de ello, se instruyó a la Procuraduría a modificar su respuesta y dar a conocer la versión pública de este caso.
Además, el INAI ordenó que en los documentos expedidos por la PGR, solo podrán ser testados los nombres y firmas de testigos, víctimas, ofendidos, imputados asesores jurídicos y peritos. « Por el contrario, deberá dar nombre, firma y cargo de los servidores públicos a quienes se le siguieron procedimientos penales administrativos en su contra, derivados o no de la recomendación de la CNDH, y que ya fueron resueltos de manera firme, es decir, con sanción administrativa o penal».
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