Se establece el retiro de sus funciones a todo clérigo que incurra en abuso de menores.
De acuerdo con la reforma realizada por el Papa Francisco, se tiene un periodo de 20 años para denunciar abusos.
La gestión del Papa Francisco al frente del Vaticano ha intentado, mediante todas las vías posibles, hacerse cargo de las acusaciones sobre abusos sexuales, sin embargo, una de las más representativas hasta el momento refiere a la publicación de una ley aplicable a empleados de la Curia, el Vaticano y el cuerpo diplomático del mismo.
A través de tres documentos, el Vaticano ha promovido tomar cartas sobre el asunto en torno al abuso de menores, ―hecho que ha dado la vuelta al mundo ante la incidencia de obispos y sacerdotes en distintos países―. El primer documento es un motu proprio, el cual presenta una reforma a la ley, uno más en el que se explica la normatividad y un tercero en el que se otorgan «líneas guías», aplicables a religiosos residentes.
Esta reforma, en uno de sus artículos, incluye «la obligación de denunciar los abusos a las autoridades competentes y cooperar con ellos en actividades de prevención y cumplimiento de la ley». Esta prescripción tendrá validez por un periodo de 20 años a partir de los 18 años de edad en caso de menores agredidos.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Vaticano, en caso de acusación en contra de un religioso este deberá dejar su cargo y recibir ayuda psicológica y espiritual para favorecer su reinserción social. Para las víctimas de abuso, se impondrá un servicio de acompañamiento, coordinado por expertos calificados para, incluso, recibir asistencia médica y psicológica, al tiempo en que se le darán a conocer sus derechos y se le orientará para hacerlos cumplir.
«El Santo Padre desea que ―también gracias a estas normas que conciernen al Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia Romana― madure en todos la conciencia que la Iglesia deba ser cada vez más una casa segura para los niños y las personas vulnerables», indica el escrito.
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