Según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), durante 2016, aproximadamente, 670 ministerios públicos y policías ministeriales fueron sujetos a investigación por presuntos actos de corrupción, por lo que, de acuerdo con las investigaciones, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se iniciaron 337 carpetas de investigación contra ministerios públicos acusados por no integrar, adecuadamente, los expedientes y, con ello, impedir proceder legalmente contra acusados. De los 670 servidores públicos que fueron reportados en 2016 por actos de corrupción, a 67 de ellos se les atribuyó responsabilidad penal o administrativa, por lo que se abrieron carpetas de investigación.
Ante esto, el titular de la fiscalía mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que en el Estado de México se utilice la tortura como método para obtener confesiones y sostuvo que este es un recurso muy usado por los probables responsables como un medio de defensa. De igual forma, aseguró que la mayor cantidad de alegatos de tortura que se presentan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no llegan a recomendación y se comprueban por la misma Codhem.
Sin embargo, Alejandro Gómez Sánchez informó que sí hay elementos que han optado por torturar a los detenidos y, en ese caso, han sido detectados y han ido a la cárcel, como en el caso Tlatlaya, «donde incluso tenemos sentenciados. En Atenco estamos procediendo en contra de más de 45 policías que incurrieron en alguna práctica y el caso de la persona embolsada, donde se acusaban a elementos de la fiscalía», expuso.
Por último, aseguró que cada uno de los casos de tortura se atienden y se investigan, pero en muchas ocasiones el problema es abrir las carpetas de investigación para llevar a cabo el protocolo de Estambul, que es una de las pruebas que se deben cumplir para integrar expedientes.
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