Crear una comisión de la verdad sería violentar la Constitución.
Tribunal pone freno a la creación de la comisión de la verdad para el caso Iguala

Crear una comisión de la verdad sería violentar la Constitución.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ven en el fallo del Tribunal barreras trabas para alcanzar la justicia y verdad sobre sus hijos.

Contrario a la resolución del Primer Tribunal Colegiado, quien ordenó la creación de la comisión de la verdad, para atender la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, calificó como imposible dar cumplimiento a la sentencia referente a la creación de dicha comisión.

La resolución del Tercer Tribunal, aseguran, está sustentada en la Constitución, pues señalaron que crear una comisión de la verdad violenta la Carta Magna, por lo que se espera la negativa para su creación por parte de los ministros de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN).

Al respecto, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, aseguró que dicha resolución tiene más fuerza que la emitida por el Primer Tribunal Colegiado, por ello confió en la negativa de la SCJN, al tiempo que aseguró continuar con las líneas de investigación que llevarán a esclarecer el caso más emblemático de desapariciones forzadas, durante el sexenio del presidente Enrique Peña nieto.

No obstante, los familiares de los 43 normalistas afirmaron que dicha decisión «lastima (su) esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado», pues aseguraron que la justicia mexicana continúa protegiendo a «quienes detentan el poder».

Cabe señalarse que desde la Presidencia de la República se descalificó la creación de una comisión de la verdad, basados en el sustente de que «no tiene sustento normativo para su existencia y operación», por si fuera poco, el consejero Leonel Granados Fernández, afirmó que dar acceso a los centros de detención sería «ilegal» y generaría desconfianza y vulnerabilidad al estado de derecho.

HOY NOVEDADES/MI MÉXICO