Son un total de 41 bienes decomisados, propiedad de Javier Duarte.
El gobierno de Veracruz solicitó la entrega de los inmuebles decomisados a Duarte de Ochoa.
Este viernes, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que Estados Unidos rechazó una petición para asegurar decenas de bienes raíces en Florida, presuntamente adquiridos por Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, con recursos desviados del erario del estado.
Al respecto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) explicó que la Procuraduría hizo una solicitud de asistencia jurídica a la autoridad estadounidense para asegurar los inmuebles atribuidos a Duarte de Ochoa; sin embargo, la respuesta fue negativa.
«Fuimos con el juez de control. Nos autoriza el aseguramiento de esos bienes, nosotros solicitamos a la autoridad estadounidense el aseguramiento de los mismos y no los aseguraron. Nosotros hicimos toda la gestión necesaria y suficiente para lograr el aseguramiento, incluso con criterio del juzgador», indicó Carlos Hernández Azuara, fiscal adscrito a la SEIDF.
De acuerdo con éste último, estas casas y departamentos son parte de los bienes que el actual gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, mediante una demanda que fue presentada ante una Corte de Circuito del Condado de Miami-Dade, Florida.
Son un total de 41 bienes los demandados en la Corte estadunidense, 23 de estos en Miami, cuatro en Homestead, cuatro más en Florida City, tres en Doral, dos en North Miami, y los restantes en Aventura, Hialeah, Cutler Bay, Miami Shores y una residencia localizada en Coral Gables, valuada en 9 millones de dólares, cuya adquisición se atribuye a José Juan Janeiro Rodríguez, cerebro financiero del ex priista y de su esposa Karime Macías.
Cabe recordar que, luego de que el gobernador Yunes Linares solicitara la entrega de los inmuebles decomisados, por el caso de asociación delictuosa y lavado de dinero, la Procuraduría explicó que será el Poder Judicial de la Federación (PJF) el que resolverá al respecto, de acuerdo con Felipe Muñoz, titular de la SEIDF.
«En este caso quien se encargará de resolver es el Poder Judicial, si en un momento dado hay algún interés por parte del señor Gobernador (Miguel Ángel Yunes)».
Finalmente, Hernández Azuara subrayó que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), los bienes serán repartidos en cuatro partes iguales, ya que el artículo 250 del CNPP señala expresamente que el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas.
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