Durante las manifestaciones del año pasado se registraron cerca de 700 presos políticos
Se han registrado nuevas denuncias por hostigamiento y una «nueva fase de la represión» en Nicaragua, bajo el mandato de Daniel Ortega, miembro del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional
El Gobierno de Daniel Ortega se ha visto envuelto, una vez más, en denuncias que exhiben el hostigamiento y las represalias que su administración está realizando en contra de estudiantes, periodistas, campesinos y miembros de la sociedad civil, quienes desde el año pasado salieron a las calles para exigir su destitución como presidente de la República de Nicaragua.
La actual crisis en Nicaragua tiene su inicio el 18 de abril de 2018, cuando un grupo de personas que se manifestaba en contra de la reforma del sistema de pensiones fue reprimido por parte de simpatizantes del Gobierno de Ortega —presidente del país latinoamericano desde 2007—.
Las imágenes del ataque a civiles se viralizaron y, a partir de entonces, se sumaron miles de nicaragüenses para marchar ya no solo contra la reforma, sino para pedir justicia para los afectados de aquella primera protesta. Luego, otras manifestaciones se sumaron hasta que los asesinatos se suscitaron.
Entonces no solo se protestó en contra de la reforma pensionaria, sino que se exigía la salida del mandatario del Gobierno y justicia para los fallecidos, los heridos, los desaparecidos, los torturados, los detenidos y los condenados.
El saldo de la situación fue de cerca de 700 personas encarceladas y más de 500 víctimas mortales —según datos de algunas ONG—, sin embargo, las cifras que el gobierno dio a conocer difirieron, con el reconocimiento de tan solo 199 personas fallecidas.
Los presos políticos derivados de las manifestaciones de 2018 fueron, en su mayoría, liberados durante el presente año tras negociaciones entre gobierno y oposición, sin embargo, denuncian que sufren amenazas de paramilitares, asedio policial, retención migratoria y recaptura.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua declararon que esta situación es una «nueva fase de la represión» para acallar la disidencia y evitar una nueva rebelión cívica, lo que se traduce en la política del miedo.
Por si el acoso a exmanifestantes, estudiantes y periodistas no fuera suficiente, también se han denunciado asesinatos en zonas rurales, especialmente involucradas en las protestas del año pasado.
«Las ejecuciones sumarias y los asesinatos selectivos en el campo están mostrando una nueva oleada represiva, que ahora significa aplicar la pena de muerte a todo aquel que piense diferente […] Si no los pueden asesinar, los encarcelan o los empujan al exilio», dijo Haydeé Castillo, directiva de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y defensora de los derechos humanos.
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