Claudia Sheinbaum optó por mantener la comunicación institucional con Estados Unidos y la empresa de Elon Musk para establecer reglas sobre los lanzamientos desde Texas, dejando la vía legal como último recurso.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó, por el momento, que el Gobierno de México presente una demanda en contra de la empresa estadounidense SpaceX por los residuos y la contaminación derivados del lanzamiento de cohetes espaciales cuyos restos han impactado en territorio nacional.
Vía: El Imparcial
Diálogo antes que litigio
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que su administración decidió apostar por la comunicación y la coordinación institucional tanto con la empresa de Elon Musk como con el Gobierno de Estados Unidos. El objetivo central es garantizar que se informe oportunamente sobre los despegues desde la plataforma ubicada en Texas, muy cerca de la frontera con Tamaulipas, la cual opera desde 2014.
“Es para poner ciertas reglas. Decir, ‘a ver, no pueden estar cayendo en el territorio nacional’. Hasta ahora, más o menos, ha funcionado“, puntualizó Sheinbaum. Asimismo, aclaró que la opción de emprender acciones legales no está cancelada de forma definitiva, sino en pausa: “Si llegara a requerirse una demanda, pues, ya lo evaluaríamos. Pero, por lo pronto, se ha optado por la coordinación”.
Vía: El Universal
Monitoreo interinstitucional y evaluación ambiental
Por su parte, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló la estrategia operativa del gobierno mexicano para vigilar estas actividades aeroespaciales.
Según explicó, existe un amplio grupo de dependencias federales (que abarca desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta la Secretaría de Marina) encargado de supervisar que se cumplan los protocolos de notificación cada vez que hay movimientos en la plataforma texana.
Por último, Merino descartó que el último despegue haya afectado al país: “En el último lanzamiento que ocurrió la semana pasada (…) no hubo ningún residuo en territorio ni aguas mexicanas”. El funcionario reiteró que la instrucción es mantener el actual mecanismo de notificación y realizar las evaluaciones de riesgos ambientales pertinentes para proteger la soberanía nacional.
