El exgobernador de Guerrero permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Penal del Altiplano tras ser acusado de ordenar el ocultamiento y destrucción de videos clave.
Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada en la modalidad de ocultamiento de información sobre la privación de la libertad de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Tras una audiencia de casi 14 horas celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO No. 1 “Altiplano”.
Vía: La Jornada
La acusación de la FGR y el ocultamiento de evidencias
Por una parte, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Aguirre Rivero haber ordenado de manera dolosa la destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, grabaciones que habrían registrado los acontecimientos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La hipótesis del Ministerio Público Federal se fundamenta principalmente en las declaraciones de dos exfuncionarias procesadas:
- Lambertina Galeana Marín: Expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG).
- Blanca María del Rocío Estrada Ortega: Exvisitadora General de la misma institución.
De acuerdo con el testimonio de Estrada, el 29 de septiembre de 2014 sustrajo el disco con los videos y se lo entregó directamente a Aguirre en Chilpancingo a las 20:30 horas. Posteriormente, al día siguiente, el entonces mandatario habría cuestionado a su equipo si ya se habían destruido las evidencias para evitar que el asunto escalara, aludiendo a sus relaciones con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El delito imputado contempla penas de entre 40 y 60 años de prisión.
Vía: Animal Político
Argumentos de la defensa y pugna por la geolocalización
Por otra parte, la defensa del exgobernador, encabezada por el abogado Guillermo Barradas Cendón, presentó 31 datos de prueba para intentar desvirtuar la imputación. Los defensores argumentaron que Aguirre se encontraba en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014, sosteniendo una reunión en Polanco con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que regresó a Chilpancingo pasadas las 23:00 horas, lo que imposibilitaba la recepción del material a la hora señalada.
Asimismo, la defensa afirmó que las reuniones del 30 de septiembre no ocurrieron en el Palacio de Gobierno sino en Casa Guerrero, contando con la presencia de mandos como el almirante Rafael Ojeda Durán (entonces comandante de la Octava Zona Naval) y sin la participación de las exfuncionarias judicializadas.
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Vía: Récord
Durante la diligencia, la FGR intentó ingresar dos pruebas de refutación sobre la geolocalización del teléfono celular de Aguirre:
- La defensa acreditó que el número telefónico pertenecía a un abogado y solicitó declarar ilegal la prueba por carecer de autorización judicial previa.
- El juez Mario Elizondo descartó declarar la prueba ilegal pero la calificó de “imperfecta”, señalando que la Fiscalía podrá intentar perfeccionarla en la siguiente etapa procesal.
Clamor de los familiares y criterio del juzgador
En la recta final de la audiencia, madres y padres de los normalistas desaparecidos intervinieron mediante videoconferencia desde el Centro Pro, exigiendo al juzgador mantener al exmandatario en prisión para avanzar en el esclarecimiento del paradero de sus hijos y solicitar la investigación de otros altos mandos federales.
Al dictar el auto de vinculación, el juez de control Mario Elizondo Martínez fundamentó su decisión señalando que en el delito de desaparición forzada se requiere un análisis probatorio indiciario y flexible, dado que la naturaleza del hecho busca precisamente la eliminación de rastros. Asimismo, precisó que la existencia de una hipótesis alternativa por parte de la defensa no anula la probabilidad de la versión presentada por la Fiscalía.
Vía: La Jornada
Finalmente, el juzgador otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual acabará el próximo 4 de diciembre de 2026. Ante la resolución dictada en Almoloya de Juárez, el equipo legal de Ángel Aguirre adelantó que promoverá un recurso de apelación.
Información de medios.
XSB
