Sheinbaum aclara que la administración federal no posee evidencias que vinculen a Andrés Manuel López Beltrán con redes de contrabando de combustible; denuncia intenciones estadounidense.
Sheinbaum descarta pruebas contra López Beltrán
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó directamente las acusaciones que colocaron a Andrés Manuel López Beltrán en el centro del debate sobre el huachicol fiscal. La mandataria sostuvo firmemente que su gobierno no cuenta con ninguna prueba que vincule al hijo del expresidente con la comisión de algún delito.
Por consiguiente, remitió de manera tajante a la Fiscalía General de la República la responsabilidad exclusiva de determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal. Frente a los cuestionamientos de los medios sobre si las recientes declaraciones testimoniales justificaban abrir una indagatoria, la jefa del Ejecutivo aclaró el criterio institucional.
“Si hubiera suficiente información y pruebas, aquí se investiga a todo el mundo”, sentenció la presidenta para recalcar la postura de su administración. De esta manera, el gobierno federal mantiene una línea de actuación basada estrictamente en la legalidad y la suficiencia probatoria.
Esta posición de la Presidencia coincide plenamente con el comunicado emitido previamente por la Fiscalía General de la República el 17 de agosto. En dicho comunicado, el órgano autónomo aseguró que los elementos disponibles hasta el momento carecen de la fuerza legal necesaria para procesar a López Beltrán. En consecuencia, las autoridades judiciales reiteraron que no existe una causa penal abierta en su contra.
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La FGR y los testimonios sobre huachicol fiscal
El caso cobró una fuerte relevancia pública tras las declaraciones de Epigmenio Mendieta, abogado defensor de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Estos dos hermanos y ex militares de alto rango de la Marina mexicana enfrentan un proceso legal por su presunta participación en la mayor red de huachicol fiscal del país.
Según la versión expuesta por el litigante, el expediente judicial contiene los señalamientos de dos testigos que mencionan directamente a López Beltrán. Mendieta afirmó que estos testimonios señalan que las operaciones de contrabando de combustible en puertos contaban con el visto bueno o facilidades del hijo del expresidente.
Vía: Animal Político
Asimismo, la defensa detalló que una de las declaraciones proviene de un testigo protegido, mientras que la otra corresponde a un funcionario adscrito a la aduana marítima de Guaymas. Las acusaciones refieren a presuntos eventos ocurridos en 2025 sobre complicaciones para descargar embarcaciones en los puertos estratégicos de Guaymas y Altamira. Además, el abogado aseveró que las declaraciones del expediente también nombran al senador Adán Augusto López Hernández.
Sin embargo, la distancia entre un simple señalamiento testimonial dentro de un expediente más amplio y la suficiencia probatoria requerida sigue siendo el factor crucial. Hasta la fecha, la Fiscalía General de la República no encuentra sustento legal para convertir estas mencionadas declaraciones en una causa penal específica.
Vía: Animal Político
Revocación de la visa estadounidense y estándar probatorio
Por otra parte, un aspecto central de la conferencia giró en torno a la reciente cancelación de la visa estadounidense de López Beltrán. Sheinbaum rechazó categóricamente que una medida administrativa de otro país pueda servir como fundamento automático para iniciar una investigación criminal en México.
Para argumentar su postura, la mandataria explicó las diferencias sustanciales en el estándar probatorio entre ambas naciones. “La visa no define a un mexicano o a una mexicana; si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión soberana de ellos”, afirmó la presidenta durante su intervención. De igual manera, recordó que cuando México solicita extradiciones o detenciones a Washington, las autoridades norteamericanas exigen pruebas contundentes e irrefutables.
Vía: Quinto Poder
En ese sentido, la titular del Ejecutivo remarcó que las decisiones consulares de la Embajada de Estados Unidos responden a criterios propios que no implican la existencia de un delito acreditado. Por lo tanto, Sheinbaum rechazó vincular de forma directa la revocación del documento de viaje con los delitos de contrabando o huachicol fiscal.
Uso político del caso y las elecciones en Estados Unidos
Finalmente, la jefa de Estado acusó que existe una clara intención política detrás de la filtración y difusión de visas revocadas a figuras públicas mexicanas. Sheinbaum cuestionó abiertamente que las autoridades estadounidenses hagan públicas estas decisiones consulares sin ofrecer argumentos o explicaciones concretas.
En su análisis, la mandataria relacionó esta estrategia mediática con el escenario electoral que vive el vecino país del norte. “Ellos tienen su elección en noviembre y siempre buscan que México se convierta en un tema para su contienda política”, aseveró la presidenta.
Adicionalmente, la mandataria acusó una doble vara de medir en el trato a personas políticamente expuestas y procesadas en México. Sheinbaum enfatizó que a otros presuntos delincuentes o actores políticos no se les retiran los visados e incluso se les abren las puertas en el extranjero. De este modo, la presidenta concluyó reafirmando que no permitirá que acusaciones sin pruebas interfieran en la agenda legal del país.
Información de NotiPress.
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