El Comité contra la Desaparición Forzada insistió en llevar el tema a la Asamblea General, mientras el gobierno mexicano descartó que el caso deba escalar al pleno.
La crisis de personas desaparecidas en México detonó un intenso debate diplomático este martes 20 de octubre de 2026 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Durante los trabajos de la Tercera Comisión de la Asamblea General, el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) defendió su resolución de llevar la situación mexicana ante el pleno del máximo órgano deliberativo tras activar el artículo 34 de la Convención internacional, argumentando indicios fundados sobre la persistencia de esta problemática. En respuesta, la delegación del Gobierno mexicano rechazó la medida, sosteniendo que el país mantiene apertura al diálogo y avances verificables en las labores de búsqueda.
Vía: Forbes México
La postura del Comité de la ONU y el alcance del artículo 34
Al presentar su informe anual, el presidente del CDF, el jurista ecuatoriano Juan Pablo Albán Alencastro, explicó que el mecanismo utilizado no busca emitir una sentencia ni finca una responsabilidad internacional directa contra el Estado mexicano. Puntualizó que tampoco se hallaron pruebas de una política gubernamental deliberada desde el Poder Ejecutivo para cometer desapariciones, sino que se trata de un llamado de alerta preventiva para articular apoyo internacional en materia forense y de búsqueda judicial.
Vía: La Crónica de Hoy
Albán reconoció los esfuerzos oficiales y celebró que las autoridades mexicanas reportaran la localización de 16 mil personas en lo que va de 2026, dentro de un padrón histórico que rebasa las 130 mil víctimas registradas. No obstante, subrayó que persisten fallas estructurales graves, por lo que instó a los países miembros a brindar cooperación técnica especializada para atender el rezago forense y proteger a las familias buscadoras, siempre que el gobierno mexicano lo considere pertinente.
La respuesta del Estado mexicano: cooperación sí, pero sin intervención
Frente a las delegaciones internacionales, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, fijó la postura oficial de México y rechazó abiertamente que la situación del país sea sometida a debate en el pleno de la Asamblea General.
Vía: sdpnoticias
Medina sostuvo que el Estado no tolera ni consiente la desaparición de personas y que atender esta problemática constituye una prioridad nacional. Como prueba del compromiso institucional, el funcionario destacó los convenios de colaboración científica suscritos con países como Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para revisar con rigor técnico el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
El debate en la sede internacional concluyó con el compromiso mutuo de no romper los puentes de comunicación institucional, en un contexto donde los colectivos de madres buscadoras y las organizaciones civiles mantienen su exigencia diaria de verdad, justicia y castigo a los responsables para frenar la impunidad en el territorio nacional.
Vía: La Jornada
Información de medios
BAOA
