El procurador General de la República, Raúl Cervantes, reconoció que la corrupción al interior de la dependencia impide la plena instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal Oral o Adversarial.
A través de un informe y diagnóstico enviado al Senado, el titular de la PGR afirmó también que prácticas penales de un siglo de antigüedad, normas internas, procesos, organización, capital humano, información y tecnologías que tiene la Procuraduría, no son las idóneas para soportar los procedimientos que exige el nuevo sistema.
Señaló que la implementación del sistema penal acusatorio no ha sido suficiente para desterrar la arquitectura del viejo sistema, que continúa presente en la mayoría de los operadores jurídicos encargados de la aplicación de las nuevas leyes.
De acuerdo con el documento «Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de Trabajo», las deficiencias institucionales se deben, entre otros factores, al poco esfuerzo destinado a la capacitación y especialización de los agentes ministeriales, policiales y periciales, además de las condiciones laborales poco competitivas y al volátil servicio de carrera.
Por ende, se indica que es indispensable diseñar una arquitectura institucional que permita fortalecer las capacidades de investigación y litigación, así como aprovechar todas las alternativas que ofrecen las normas procesales de orden penal.
Finalmente afirmó que uno de los elementos que vendría a hacer exitosa la implementación y operación del nuevo sistema sería la existencia de un Ministerio Público autónomo, organizado bajo el esquema de un organismo constitucional independiente.
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