Cuatro comunidades del municipio se ampararon en 2014.
La CNDH indicó que se vulneran los derechos de los habitantes, mientras que el Cenapred advirtió el riesgo por la cercanía con el Popocatépetl.
El Proyecto Integral Morelos (PIM) incluye el gasoducto que pasa por el municipio poblano Atlixco, sin embargo, los pobladores de cuatro comunidades de este ayuntamiento tomaron medidas legales hace algunos años para impedir que concluyeran las obras.
Y es que pese a la consulta ciudadana que realizó el gobierno federal el pasado fin de semana, en la que casi el 60 por ciento de los votantes aprobó el proyecto, los habitantes de Atlixco ganaron algunos amparos que los protegen legalmente, así lo informó Juan Carlos Flores Solís, abogado de los habitantes de Puebla, Morelos y Tlaxcala.
El representante legal de los inconformes con el PIM dio a conocer que fue en 2014 cuando recurrieron a la vía legal para ampararse, de hecho, agregó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó en 2015 que se consultara a la población indígena. «Hay un amparo que ya está resuelto, el 402/2015 que ratifica que los pueblos tienen derecho a la consulta indígena y se debe cumplir ese amparo, es de cuatro comunidades de Atlixco», externó.
Flores Solís apuntó que la consulta hecha por el gobierno federal no cumple con la solicitud del ejercicio propuesto por la SCJN: «La consulta no cumple con los requisitos de una consulta indígena. Al final, este tipo de consulta fue una acción política y no puede constituir el derechos que tienen los pueblos indígenas de ser consultados».
De esta forma, apuntó el abogado, el proyecto no puede operar al menos en la zona donde viven los pobladores de Atlixco que se ampararon. Además, agregó que hay más habitantes de Puebla que tienen previsto seguir el mismo camino:
«Nosotros vamos a interponer diversos amparos para exigir nuestro derecho a la consulta. Legalmente, la consulta realizada por el gobierno federal el pasado fin de semana no tiene ninguna validez, no tiene ninguna vinculación. Pese a ello, se observa la intención del gobierno federal de, con esta consulta y otras acciones, echar a andar el proyecto Integral Morelos lo cual nos estaría afectando».
Flores Solís acotó que los tres amparos promovidos la semana pasada por habitantes de seis comunidades de los tres estados implicados siguen en curso. El argumento de estos recursos legales es que se están violentando los derechos indígenas y el riesgo que existe ante una erupción del Popocatépetl, pues el gasoducto pasa por las faldas del volcán; esto es señalado en un dictamen realizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) que se incluyó en el expediente. Además, los amparos son respaldados por la recomendación que hizo la CNDH el año pasado, en la que se estipula la violación de los derechos de los pobladores afectados.
HOY NOVEDADES/PUEBLA
