La Auditoría Superior de la Federación solicitó documentación al Instituto Electoral de Sonora sobre contratos de material electoral. La petición coincide con denuncias opositoras por adjudicaciones millonarias y presuntos vínculos políticos con empresas proveedoras.
Hermosillo, Sonora, 5 de noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEEyPC) información y documentación relacionada con contratos para la adquisición de material electoral, en un contexto de cuestionamientos de partidos de oposición sobre adjudicaciones a empresas proveedoras y presuntos vínculos con el entorno de Guadalupe Taddei Zavala.
El requerimiento fue confirmado por el consejero presidente del organismo, Nery Ruiz Arvizu, quien precisó que la solicitud proviene de la autoridad fiscalizadora federal y no del Instituto Nacional Electoral (INE). Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente los contratos específicos incluidos en la revisión ni el plazo establecido para entregar la documentación.
ASF solicita expedientes de licitaciones en Sonora
La petición de la ASF ocurre después de que distintas empresas relacionadas con José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas acumularan contratos por más de mil millones de pesos desde 2014, de acuerdo con una investigación periodística que identificó adjudicaciones en al menos 13 organismos públicos locales electorales (OPLE) del país.
La investigación señaló posibles patrones de simulación de competencia y presuntas conexiones entre los proveedores y personas del entorno de Guadalupe Taddei, quien presidió el organismo sonorense antes de llegar al INE. Se trata de señalamientos periodísticos, no de una determinación oficial sobre responsabilidades.
Ruiz Arvizu indicó que el Instituto Electoral de Sonora ha sido objeto de revisiones de distintas instancias. Entre ellas mencionó cuatro auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), tres ejercicios de la ASF correspondientes al periodo de 2022 a 2025 y 22 revisiones del Órgano Interno de Control (OIC).
Según el consejero presidente, ninguna de esas auditorías ha derivado en observaciones relacionadas con los señalamientos ahora difundidos. También afirmó que la revisión correspondiente a 2025 concluyó que los procedimientos de licitación se realizaron conforme a la normativa aplicable.
Oposición cuestiona contratos por 187 millones de pesos
En paralelo, representantes de partidos de oposición han denunciado presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral y solicitaron que se investiguen posibles relaciones de favoritismo, nepotismo e influencia política. Entre las empresas mencionadas por los partidos se encuentran Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, a las que atribuyeron adjudicaciones por alrededor de 187 millones de pesos entre 2017 y 2025.
De acuerdo con los datos expuestos por la oposición, 67.8 millones de pesos corresponderían a contratos otorgados durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del instituto sonorense, mientras que otros 120 millones se habrían adjudicado entre 2023 y 2025, durante la presidencia de Nery Ruiz Arvizu.
Los partidos también mencionaron a Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei y secretario particular del gobernador Alfonso Durazo, como parte de los presuntos vínculos que, a su juicio, deben revisarse. Las organizaciones han utilizado la expresión “cártel electoral” para describir lo que consideran una red de relaciones políticas y empresariales; son acusaciones partidistas aún no acreditadas por una autoridad.
El 28 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) informó que solicitaría auditorías ante la ASF y el ISAF para revisar las adjudicaciones señaladas.
Oposición pide revisar integración de consejos electorales
Los señalamientos también alcanzaron el proceso de selección de integrantes de los consejos distritales y municipales. Los partidos opositores afirmaron que, de mil 518 personas aspirantes, 312 tendrían militancia partidista o vínculos laborales con gobiernos encabezados por distintas fuerzas políticas.
Solicitaron revisar los criterios de selección y garantizar la imparcialidad de los órganos electorales. Los datos corresponden a señalamientos partidistas y deberán contrastarse con información oficial.
La solicitud de la ASF abre una nueva revisión documental sobre las contrataciones del instituto sonorense, mientras continúan las denuncias políticas relacionadas con proveedores, funcionarios y la integración de los consejos electorales. La entrega de los expedientes permitirá precisar el alcance de la fiscalización; el organismo no ha informado cuáles contratos específicos forman parte del requerimiento.
Información de medios.
MAMD
