En los últimos días, organismos internacionales han alertado por condiciones y procesos que enfrentan menores de edad migrantes antes, durante y después de la deportación.
Vía NotiPress: La dinámica migratoria en la frontera norte ha dado un giro alarmante. En lo que va de la actual administración estadounidense, se han registrado 8 mil 444 repatriaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos, con una tendencia creciente hacia casos sin acompañamiento adulto.
Entre enero de 2025 y enero de 2026, las autoridades mexicanas contabilizaron 5 mil 798 menores que regresaron al país sin padres o tutores, lo que representa el 68% del total. Esta cifra marca un contraste drástico con el último año de la gestión anterior, cuando la proporción de menores no acompañados era del 40.6%.
Vía: BBC
Crisis en la asistencia legal y derechos humanos
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su “preocupación por las violaciones de los derechos de los niños durante los procedimientos de inmigración en Estados Unidos”. Este panorama se agravó el pasado 18 de febrero de 2025, cuando se suspendió el financiamiento a organizaciones que brindaban asistencia legal a menores, dejando a miles de niños sin representación jurídica en sus procesos.
Además, organizaciones sociales han denunciado tácticas de presión por parte de las autoridades estadounidenses:
- “Pagos” por salida: Testimonios describen ofertas de 2 mil 500 dólares para que los menores acepten una “deportación voluntaria”.
- Detenciones prolongadas: Quienes rechazan estos acuerdos enfrentan custodias extendidas en celdas sin ventanas y acceso limitado a servicios básicos o atención médica.
Vía: Reforma
Puntos de retorno y condiciones de custodia
La mayoría de las repatriaciones se realizaron por vía terrestre; 7 mil 293 menores cruzaron a través de 13 puntos fronterizos en estados como Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Por vía aérea, se registraron 69 arribos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mientras que otros flujos llegaron a Tabasco y Chiapas.
En paralelo, la reapertura del Centro Residencial Familiar de Dilley, Texas, ha encendido las alarmas internacionales. Organizaciones como RAICES han documentado condiciones insalubres, incluyendo brotes de sarampión y una escasez crítica de recursos médicos y básicos para los menores y familias detenidas.
