El consejo consultivo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos expuso que el mayor registro de agresiones a periodistas es por agresiones de funcionarios locales y estatales, situación por la cual no es conveniente adoptar medidas «momentáneas» para su protección en las que se le brinde a estas instancias la facultad de implementar medidas, dado que sería contraproducente.
El sexenio pasado fue marcado por ser uno de los más violentos de los últimos años, por ello, fue implementada la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esto, en el último año de la gestión del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En dicha ley, cuenta con un mecanismo encargado de evaluar y tomar decisiones respecto a prevención y protección, derivado de ello es que existen 538 beneficiarios quienes han sido dotados de protección y atención, mismos que van desde botones de alerta, cámaras de vigilancia para su domicilio o lugar de trabajo y vehículos blindados, hasta escoltas y cambio urgente de residencia.
A pesar de estas medidas, al menos el 90 por ciento de los casos de agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos, han quedado impunes.
Además, los nueve consejeros de este mecanismo alertaron que no les fue asignado un presupuesto de trabajo en este año, por lo que trabajan a partir de su fideicomiso el cual también ha visto reducido en 31.2 por ciento su ingreso, al pasar de 127.5 millones de pesos en 2013 a 88.9 millones en 2016.
Ante esto, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, directora de la Comisión Mexicana de Defensa Y promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) expuso la necesidad de que crear estructuras que permitan garantizar el ejercicio pleno del oficio, además la creación de mapas de riesgo y la correcta formación de la escasa plantilla de 30 trabajadores que conforman el mecanismo.
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