Debido a que se aproximan las elecciones del 4 de junio, el director de Responsabilidades de la Contraloría del estado, Jorge Bernáldez Aguilar, informó que para evitar actos de proselitismo, considerados como delitos electorales, se aplicaron ocho cursos con ayuda de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para un total de dos mil funcionarios públicos del gobierno del estado.
Lo anterior, debido a que se ha informado que los servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal que incurran en faltas como usar y promover propaganda de partidos políticos en sus oficinas de trabajo, así como utilizar redes sociales y retener credenciales para votar, antes y durante el proceso electoral para la elección de gobernador en la entidad, serán acreedores de una sanción.
Asimismo, Jorge Bernáldez explicó que el delito más común que se llega a cometer, por parte de los servidores públicos mexiquenses, es la retención de credenciales de personal a su cargo y presionar a los electores para votar por algún partido.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el castigo de los delitos que cometan los servidores públicos, pueden implicar una sanción económica y privativa de 200 a 400 días, multa y prisión de dos a nueve años.
Para el caso del uso de las redes sociales, el director de Responsabilidades dijo que se vigilarán, mediante mecanismos de búsqueda, las páginas que pudieran ser usadas para tales fines, además investigarán las denuncias ciudadanas que se recibirán de forma permanente.
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