Nos tacharon de revoltosas y de mentirosas: Cristina Sánchez
Tuvieron que pasar 12 años para que se resolviera en favor de mujeres de Atenco
Tras 10 años de litigio y 12 de que se suscitaron los hechos en Atenco, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, consideró al Estado mexicano responsable por la violación a los derechos humanos y dictó una serie de medidas reparatorias.
El organismo dictaminó que se cometió violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y la prohibición de tortura; el derecho de reunión; el derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa; los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial; y el derecho a la integridad personal de los familiares de las once mujeres denunciantes.
Al respecto, Cristina Sánchez detalló: «Nos tacharon de revoltosas, de mentirosas y fuimos discriminadas… Es sumamente relevante que estas once valientes mujeres hayan logrado sentar al Estado en el banquillo de una corte internacional y que éste les diera la razón. Esto demuestra que ellas siempre dijeron la verdad».
El nuevo gobierno federal ha mostrado su beneplácito ante la sentencia; en ese sentido, consideraron las representantes legales de las mujeres, es necesario que para la materialización de su cumplimiento se preste especial atención a la realización de una investigación de los hechos que considere todos los niveles de responsabilidad y a que se realicen las reformas necesarias para que se evite el uso político de las policías contra el derecho a la manifestación y a la libre expresión.
«Buscamos el cumplimiento cabal de la sentencia, pero la más relevante es iniciar las investigaciones amplias y minuciosas para juzgar y sancionar a los responsables y sus superiores por tortura, tortura sexual y violación. No nos conformaremos con menos que esto», advirtió Bárbara Italia Méndez.
La sentencia contiene recomendaciones clave para la agenda estructural sobre derechos humanos que deben expresarse en políticas públicas. Una de ellas es la relativa a los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales. «Mientras en el Congreso se discute sobre la Guardia Nacional y la militarización, esta sentencia reafirma la importancia de democratizar a los cuerpos civiles de seguridad y de seguir para ello los estándares internacionales», afirmó el Centro Prodh.
Por su parte, Cejil remarcó que esta sentencia se suma a otras que advierten que se trata de un problema estructural y consideró que «van a ser importantes los estándares que de aquí se van a llevar a otros casos».
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