Piden que se investigue con mayor profundidad
La CIDH se comprometió a esclarecer los hechos ocurridos hace más de 4 años y medio sobre el caso Ayotzinapa
Esmeralda Arosamena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, detalló que la verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa, que manejaba la anterior administración, queda descartada.
Al respecto, la presidenta de la CIDH señaló: «La Comisión tiene claro que es importante que se deje atrás la llamada verdad histórica que ya el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, el GIEI México y la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ya han cuestionado»,
Destacó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regresaría a México para realizar nuevas investigaciones sobre el caso, quienes además contarán con un Grupo de Apoyo Técnico (GAT) conformado por personal designado de manera directa por la CIDH, los cuales buscarán acompañar las investigaciones y conducir la línea de investigación en el caso Iguala.
Arosamena, detalló que se deben continuar los análisis de telefonía y balística, además de procesar de manera penal a los elementos que se encuentran bajo investigación y se cuenten con las pruebas suficientes para que se dictamine su situación jurídica.
«Se debe investigar con mayor profundidad a los agentes castrenses que estuvieron involucrados en la trágica y violenta noche de Iguala», aseveró Arosamena.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que el nuevo mecanismo de seguimiento contará con un Grupo de Apoyo Técnico, con personal designado específicamente por la CIDH, «Nos asesorará en el diseño y la conformación de una instancia de investigación penal que definirá la Fiscalía General de la República», detalló.
Puntualizó que además ayudará en el seguimiento de la investigación penal ante la instancia que defina la fiscalía, mientras que además podrá efectuar visitas de documentación y verificación a instalaciones estatales o lugares determinados.
De acuerdo con la verdad histórica de la administración anterior, los estudiantes fueron detenidos por policías de la ciudad de Iguala y después entregados a una organización criminal, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojarlos a un río.
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